No estigmatizar a los niños en riesgo de pobreza. Es el argumento en el que se amparan la mayoría de comunidades autónomas que han anunciado que no abrirán los comedores escolares durante los meses de verano. Y lo hacen desoyendo la recomendación de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que los menores en una situación vulnerable "no se vean privados de una alimentación adecuada cuando termine el curso".
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