Casi cuatro años después, 13 participantes en un piquete informativo en el Rectorado de la Universidad de Sevilla se enfrentan a penas de hasta dos años y medio de prisión. Es la condena que para ellos pide la Fiscalía por su presunta actuación durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del Gobierno de Zapatero. Todos ellos se enfrentan a un año de cárcel por un supuesto delito de desórdenes públicos y cuatro de ellos serían culpables de delitos de atentado, que conllevaría año y medio de prisión. El total de las penas sumaría 18 años de condena.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores, convocante de aquel piquete, hace un "llamamiento a la solidaridad" con los acusados en Sevilla y en todo el Estado para celebrar una concentración de apoyo este jueves a las 9.00 horas en el edificio judicial Noga de Sevilla. Según argumentan, el piquete de aquel día "se desarrolló en todo momento dentro de la normalidad aglutinando a numerosas personas, simpatizantes y trabajadores que se unían a la jornada de huelga".
Esta versión contradice a la de la Fiscalía, que repara en "la agresividad de los acusados" y en las "lesiones" sufridas por varios de los agentes que trataban de salvaguardar la integridad física de profesores y alumnos mientras los sindicalistas buscaban "increpar e impedir el libre acceso" de las personas a la Hispalense. Según el SAT, los incidentes fueron "provocados por la agentes" al entrar en el recinto "intentando disolver el piquete informativo e impidiendo la labor de información sobre los motivos de la huelga a los trabajadores". Una persona fue detenida el día de la huelga y otras tres personas más fueron arrestadas en su domicilio un mes después.
"Una vez más el poder político utiliza el derecho penal y el castigo para afrontar cuestiones sociales como las protestas contra los recortes o la reforma laboral, extendiendo el miedo a perder la libertad entre los activistas y sindicalistas si se atreven a protestar", concluye el SAT, que considera que la actuación policial atentaba contra el derecho fundamental a la huelga y que la actuación judicial de este jueves demuestra la "voluntad de criminalización" del poder ante "la disidencia política".
Según los sindicatos, hay al menos cuarenta procedimientos judiciales abiertos en Madrid, Andalucía, La Rioja, Baleares, Galicia o Asturias por hechos ocurridos durante huelgas generales.
