El principio “una persona, un voto” es una de las principales formas de repartir el poder político entre los ciudadanos adultos en una democracia. Cada votante tiene el mismo grado de influencia sobre el resultado electoral, consiguiéndose formalmente la igualdad en la participación política. Sin embargo, en la práctica, no todos los ciudadanos votan y puede surgir desigualdad participativa si grupos de ciudadanos con intereses o preferencias diferenciados votan en mayor medida que otros grupos. Cuando existe desigualdad participativa los gobernantes tienen incentivos para priorizar los intereses de los grupos más participativos. Por ejemplo, si los ricos votan más que los pobres, los gobernantes tendrán incentivos para proponer impuestos y gasto social más bajos que si todo el mundo vota.
