Para anticiparse a las críticas de la oposición el SESCAM, en nota de prensa, argumenta que el modelo de gestión que se pretende es el utilizado en otras comunidades autónomas, e incluso promovido por el Psoe en algún caso.
Con este modelo, la empresa que resulte adjudicataria habrá de concluir la construcción del nuevo Hospital, hacerse cargo del mantenimiento y gestionar una serie de servicios no asistenciales, por lo que percibirá un canon de la Administración durante el periodo concesional. El objetivo declarado sería conseguir la financiación del proyecto, aunque en última instancia sea la Administración quien pague, además de una supuesta mejora en la calidad de los servicios y mayor eficiencia en la prestación.
El SESCAM se justifica recordando que la gestión por empresas externas de los servicios no asistenciales en un hospital se viene desarrollando desde hace muchos años de forma habitual en la mayor parte de los centros de nueva creación.
Según se afirma desde el SESCAM se garantizarán los derechos de los profesionales que prestan servicio en algunos de los trabajos no asistenciales, que desempeñará a partir de ahora la empresa concesionaria, como el mantenimiento, limpieza, seguridad o cafeterías, puesto que existe obligación del nuevo concesionario de subrogarse en el personal de las empresas que actualmente prestan esos servicios.
En cuanto al denominado “personal estatutario”, es decir dependiente del SESCAM, se prevé en el caso de quienes no desempeñan funciones clínicas que puedan optar voluntariamente por incorporarse como personal laboral a la concesionaria, y ni si no lo hicieran se mantendría su régimen jurídico en los términos y condiciones vigentes, dependiendo orgánicamente del SESCAM pero funcionalmente del concesionario.
Rechazo sindical
Comisiones Obreras ha anticipado ya su rechazo al Plan de Recursos Humanos y anuncia todo tipo de iniciativas con el fin de evitar que 340 de los actuales trabajadores pasen a depender de una empresa privada, con la coartada de una supuesta mayor eficiencia. El sindicato no comparte que un trabajador sea menos eficiente a las órdenes de un consejero de Sanidad que a las órdenes de un directivo de una empresa privada.
CCOO admite que en los últimos hospitales abiertos en nuestra región, se habían “externalizado” los servicios de cocina, limpieza, lavandería o vigilancia, pero advierten que lo que el SESCAM pretende es que partir de ahora también estén “al servicio del lucro de una empresa privada” los celadores, auxiliares administrativos y trabajadores de mantenimiento. Los representantes sindicales rechazan esa pretensión por sus negativas consecuencias para los trabajadores y la calidad del servicio.
Según el Plan del SESCAM la empresa en cuestión "será la misma que termine la construcción del nuevo hospital de Toledo, cuyas obras paralizó este Gobierno, renunciando también a la financiación que ya había otorgado el Banco Europeo de Inversiones", señala CCOO.
Ocho meses de espera
El consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades, Ignacio Echániz, viene anunciando periódicamente la “inminencia” de la licitación de la reanudación de las obras del Hospital Universitario de Toledo, paralizadas desde enero de 2012, pero lo cierto es que el tiempo pasa y han transcurrido ya ocho meses desde que finalizase el plazo de alegaciones al Anteproyecto del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (CHUT) y a su Estudio de Viabilidad Económico-Financiera.
El SESCAM sometió ambos documentos al trámite de información pública por tratarse de una condición exigida en la normativa de contratación pública antes de licitar la obra de finalización del nuevo Hospital, así como su dotación de equipamiento y la gestión de sus servicios, junto con los de los Hospitales de Parapléjicos, Provincial y Virgen del Valle, que se entregarían al concesionario.
Fueron numerosas las alegaciones presentadas por el Colegio de Médicos, la Federación de Asociaciones de Vecinos, sindicatos y partidos políticos pero ninguna de estas entidades ha recibido formalmente contestación.
Hay quien achaca la tardanza en la nueva licitación al interés en adaptar la reanudación efectiva de la obra a tiempos políticos más favorables y cercanos a las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2015, sin embargo otras fuentes apuntan a que el departamento del consejero Echániz mantiene múltiples contactos con empresas interesadas en la concesión, ya que se estaría replanteando la fórmula de financiación inicialmente prevista, al objeto de evitar que la Junta quedara lastrada contablemente por el endeudamiento asociado al proyecto.
Modelo concesional
En el citado Estudio económico-financiero se recogía que la inversión ya realizada en el Hospital Universitario de Toledo era de 122.897.711 euros y se cuantificaba la inversión pendiente en 176.172.967 euros de obra y otros 37.323.141,57 euros en equipamiento, mobiliario, subestación eléctrica, etc. Es decir en total 213.496.109,17 euros más IVA, y ello tras recortar el proyecto inicial en una tercera parte.
Se preveía que el adjudicatario de la concesión de obra y gestión de los servicios tendría a su disposición los contratos de financiación suscritos por la empresa pública de la Junta, GICAMAN, con entidades financieras por importe de 170.563.513 euros. Por lo tanto debería aportar la financiación para el resto y asumir el coste financiero de los préstamos concertados por GICAMAN. Eso sí, se trata de un “riesgo” controlado porque tendría a su disposición un canon anual de unos 58 millones abonado por la Junta durante la obra y la explotación posterior para retribuir los servicios, los costes financieros, la amortización de la inversión y su beneficio, a lo que habría que añadir los resultados que obtenga de la explotación comercial de algunos servicios, tales como aparcamiento, expendedoras, uso de TV, cafetería, guardería, locales...
Pero si finalmente se pretende evitar que compute la deuda en la contabilidad de la Junta, será la empresa o empresas adjudicatarias las que deban asumir la inversión en su totalidad, con el apoyo financiero que consigan, y eso a buen seguro haría que el canon anual de dinero público aumentase para pagar los sobrecostes financieros, pero se trata del sobrecoste de “maquillar” las cuentas aunque se disfrace de “austeridad” o “racionalización”.
Se prevé incluso que exista ya una empresa interesada en esta posibilidad, y en todo caso la decisión no se puede demorar mucho más, aunque la reanudación efectiva de las obras será ya una “foto” de precampaña electoral.
