El concejal del PP en Lanzarote Roger Deing afirmó el otro día que “un derrame de petróleo daría trabajo” en las islas. Una declaración que es violencia pura. Que, incluso, debería ser constitutiva de delito, pues supone apología de un posible atentado ecológico. El tipo, además de concejal, es director de un colegio, el Hispano-Británico, extremo que aterra tanto como imaginar un vertido de petróleo: chapapote en las costas, chapapote en los cerebros de los chavales.
Miles de personas han salido a la calle en todas las islas canarias contra las prospecciones previstas por Repsol a muy pocos kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote, vendidas a la petrolera por el ministro Soria. El visto bueno definitivo, a través de un informe favorable de impacto ambiental que da vía libre a Repsol, lo ha dado el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. ¡Medio Ambiente! Debe de ser porque a cada uno de los sondeos que Repsol va a realizar en perforaciones que alcanzarán los 6.000 metros de profundidad, y que arrasarán los ecosistemas marinos, los han llamado Chirimoya, Sandía y Zanahoria. Este es el disparate en el que vivimos.
La sociedad canaria está indignada, como lo estamos todas las personas con un mínimo de sensibilidad medioambiental, es decir, con los dos dedos de frente que faltan a los ministerios corruptos, serviles con el capital de unos pocos, cómplices de la destrucción del planeta que llevan a cabo las multinacionales y los bancos: La Caixa es la mayor accionista de Repsol. En una demostración más de su prepotencia, de ese desprecio ya cotidiano por los que deben ser los canales de una autentica democracia, el Gobierno central niega al pueblo canario la consulta al respecto por la que mayoritariamente clama. ¿Para qué existe entonces, en la tan manoseada Constitución, la figura del referéndum? Para nada. Es puro humo. La reclamada consulta sobre la Jefatura del Estado así lo demuestra también.
Ecologistas en Acción ha denunciado este fin de semana las “mañas” de las que el PP se ha servido para cometer su atropello: la Declaración de Impacto Ambiental, redactada a la medida de Repsol, no solo se ha hecho pública un día antes de las convocatorias en todas las islas contra las prospecciones, porque tenían miedo de que pasara lo que pasó: que las protestas fueran masivas. Además, han esperado a que se celebraran las elecciones europeas, porque tenían miedo de que anunciarlo antes les restara muchos votos. Estrategias gansteriles que ya nos son desgraciadamente familiares.
Los ecologistas, secundados por una abrumadora mayoría ciudadana opuesta a los planes de Repsol e indignada con los procedimientos del Gobierno central, denuncian que la Declaración carece de rigor científico y técnico, que se ha elaborado sin atender a las numerosas alegaciones presentadas, que ha ocultado información de obligado carácter público, y que ha falseado tendenciosamente datos fundamentales sobre el impacto medioambiental y los riesgos potenciales. El Gobierno canario y los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote lo han denunciado también, formando parte de los siete recursos pendientes de resolución por el Tribunal Supremo, que se pronunciará el día 10: la Declaración, que se pospuso por interés electoralista, se adelanta, sin embargo, a lo que decida el Supremo, no vaya a ser que esté en contra de los intereses de Repsol.
Recuerdan, además, que son ellos, los señores del dinero (en sobres, en cuentas en Suiza, en diferido…) quienes han condenado a Canarias a un 33% de paro y a la destrucción, para beneficio de unos pocos, de su principal patrimonio: la riqueza medioambiental, la belleza paisajística, la extraordinaria diversidad que llevó a André Breton, padre del surrealismo, a maravillarse en Tenerife. La actividad cultural que su movimiento inspiró en la isla fue brutalmente truncada por el franquismo, en el que parecen inspirarse ahora los ministros para un ordeno y mando impropio de un estado de derecho.
Frente a ese autoritarismo gubernamental, que condena a Canarias a un más que posible desastre ecológico, a un delito medioambiental que los convierte en cómplices, se han alzado Greenpeace, WWF, SEO BirdLife, Amigos de la Tierra, las instituciones canarias y la sociedad. Una fuerza democrática burlada por el poder. Ante ello, Ecologistas en Acción insta a las instituciones y a la ciudadanía a tomar otro poder, el que es realmente democrático, y realizar la consulta que les ha sido denegada. Desde todos los rincones del Estado debemos apoyarlos. Si queremos, además, que se lleven a cabo otras consultas de especial transcendencia, como lo es la de la Jefatura del Estado. Si queremos que no nos sigan tomando el pelo, dándonos chapapote por chirimoya, educando a los chavales en una falsa democracia.
