La retirada, en la noche del lunes, de la bandera española de la rotonda de Triunfo, sustituida por una enseña republicana en el marco de la manifestación que reclamó en Granada un referéndum constitucional sobre la monarquía, ha tenido ya repercusiones más allá del simbolismo del incidente; el único reseñable en una protesta (de varios miles de personas) que transcurrió con normalidad y que culminó en dicha rotonda procedente de la Plaza del Carmen.
El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, ha dado instrucciones a la Policía Nacional para que identifique a los responsables del “ultraje” a la insignia nacional, desatada del mástil y que al parecer acabó rota en el suelo (si bien no hubo muestras explícitas de violencia).
En declaraciones recogidas por Europa Press, Pérez recuerda que “el ultraje a la bandera constitucional es un delito tipificado”, y ha mostrado su confianza en que el autor o autores acaben siendo identificados (ya que hay grabaciones visuales) para ser puestos a disposición judicial. A pesar de que “todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas libremente”, considera el subdelegado, nadie lo tiene para “pisotear” los símbolos del Estado.
Pérez también ha reprochado tanto a PSOE como a Izquierda Unida que hubiera representantes de sus filas en la protesta del 2 de junio, por considerar que “juegan a dos bandas”: “No se puede poner una vela a dios y otra al diablo; la gente quiere que quienes nos dedicamos a esto tengamos principios y criterios”, ha dicho.
En esta línea, el Partido Popular granadino ha exigido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el “cese inmediato” del delegado de Fomento en Granada, Manuel Morales, coordinador asimismo de IU en la provincia, por “su participación en el ultraje a la bandera nacional”.Ha sido a través de un comunicado en el que la vicesecretaria general del PP local, Marifrán Carazo, califica de “intolerable” que un representante público “participara y se vanagloriara en su Twitter” de un hecho recogido como delito en el Código Penal.
“No tiene relevancia”
Carazo se refiere a las fotos que Morales colgó en su cuenta de la recién izada bandera tricolor, posando en alguna de ellas. Para la dirigente popular, se trata de un hecho por el que aquél“no puede seguir ni un segundo” como “representante de la Junta de Andalucía o, lo que es lo mismo, del Estado español”. Carazo también ha pedido a la delegada de la Junta en Granada, Sandra García, y a la secretaria provincial del PSOE, Teresa Jiménez, que hagan pública su condena “rotunda e inequívoca” de lo sucedido con la insignia, tal y como ha hecho el PP en su página web.
Manuel Morales ha querido quitar hierro a lo sucedido, tildando la acusación hacia él de “falsa y absurda”, y ha animado incluso a los populares a que le denuncien personalmente si tienen pruebas de que haya cometido algún “delito”, más allá de haber participado en la protesta, cosa para la cual, ha añadido, tiene todo el derecho “cívico y ciudadano”. En su opinión, el “acto simbólico” de sustituir una bandera por otra “no tiene relevancia”, comparado con “el debate político” que la ciudadanía exige en estos momentos.
Para el PP, sin embargo, los jóvenes que colaboraron ayer arriando la bandera nacional han cometido un delito recogido en el artículo 543 del Código Penal, que señala que“las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses”. Algo que suele aplicarse en los casos, más frecuentes, de quema de enseñas.
