El patrimonio público molesta a las administraciones con estrecheces económicas. Y desde esta perspectiva, los encargados de velar por la riqueza común buscan salidas para deshacerse de sus inmuebles en propiedad, sobre todo de los edificios protegidos o fincas históricas, cuyos gastos de mantenimiento resultan muy altos para los menguados presupuestos. Con las oficinas aún pueden hacer caja y dar un respiro a los balances, pero los otros son más difíciles de colocar en el mercado, por las trabas que se encuentran los compradores para modificarlos y adaptarlos a los fines que desean. Así es que, si no se pueden vender, toca entregarlos.
