La Audiencia de Palma ha condenado a la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar a seis años de prisión por los delitos de prevaricación, fraude y revelación de información confidencial cometidos en el proceso para la venta del solar público de Can Domenge.
En una sentencia dictada hoy, la sección segunda de la Audiencia provincial condena también al exvicepresidente del Consell Miquel Nadal como autor de los mismos delitos, aunque le impone cuatro años de prisión por su menor responsabilidad jerárquica.
Asimismo, el tribunal castiga con un año de cárcel al empresario Román Sanahuja, que pagó un soborno para ganar el concurso de adjudicación de los terrenos; a un año al exconseller de Economía Miquel Àngel Flaquer; a un año y medio al abogado Santiago Fiol, y a ocho meses al exconseller de Territorio Bartomeu Vicens.
Sobre Maria Antònia Munar ya pesa una condena a cinco años y medio de cárcel por el llamado caso Maquillaje cuya confirmación está pendiente del recurso planteado ante el Tribunal Supremo, institución que acaba de ratificar la sentencia a cuatro años de cárcel para Miquel Nadal por el caso Voltor.
La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo en un plazo de cinco días, condena también por vía de responsabilidad civil a Munar, Nadal, Vicens y Flaquer a indemnizar solidariamente al Consell de Mallorca con 12 millones de euros, de los que los tres primeros tendrán que abonar 3,4 millones de euros cada uno y el exconseller de Economía 1,8 millones.
La sala confirma con este fallo en todos sus extremos la petición de condena planteada por la Fiscalía Anticorrupción en la vista que concluyó a principios de mes, a excepción de la referida a la responsabilidad civil de Vicens, que el tribunal impone de manera solidaria aunque la acusación pública demandaba que se estableciera como subsidiaria.
La Audiencia provincial entiende que en el juicio quedó probado que los altos cargos del Consell de Mallorca, dirigentes de la extinta Unió Mallorquina, el empresarios dueño de la promotora Sacresa y el abogado que la representaba "se concertaron para beneficiar de manera arbitraria a una determinada sociedad, en la enajenación de un bien público al tiempo que ocasionaban un cuantioso perjuicio económico a la administración".
Los magistrados atribuyen a Munar, Nadal, Vicens, Flaquer, Sanahuja y Fiol "desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública" para evitar la libre concurrencia al concurso para la enajenación de Can Domenge.
Además ve probado que los altos cargos del Consell de Mallorca adelantaron información confidencial para que la adjudicataria final tomase ventaja y que causaron "grave perjuicio al patrimonio público" al vender los terrenos por un precio inferior "en varios millones de euros al que le correspondía por su valor de mercado".
Igualmente sostiene en su condena que en el concurso se realizó de tal manera que su tramitación quedó en manos de la Presidencia del Consell y no al pleno de la institución, como habría ocurrido si la valoración económica hubiese sido "la correcta".
"La menor valoración de la parcela posibilitaba que pudieran exigir a alguno de los concursantes o licitadores una eventual comisión como condición para la adjudicación, para su beneficio o el de su partido, Unió Mallorquina", indica el tribunal en la introducción de los "hechos probados" de su sentencia.
