El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha tachado de "intolerable intromisión" en su derecho a la intimidad la orden que dio la jueza para que Bankia hiciera una copia de seguridad de sus correos por si llegara a necesitarlos, dentro de la causa sobre la compra del City National Bank de Florida.
En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el exbanquero reclama que se revoque la decisión de autorizar a Bankia a cambiar a un servidor más moderno sus correos y exigir a la entidad que haga antes una copia de seguridad, también de los del resto de imputados en la causa, para garantizar su conservación.
Dicha decisión la tomó la jueza Leticia García, que se hizo cargo del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid a raíz de la suspensión cautelar de Elpidio José Silva por el procedimiento abierto contra él por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sin embargo, será la jueza Raquel Robles la que tenga que resolver sobre el recurso, ya que recientemente el Consejo General del Poder Judicial la nombró en comisión de servicio para ocupar el Juzgado de Silva, al que ya se ha incorporado.
Blesa sostiene en su recurso que la decisión de García fue "una suerte de medida cautelar" que no ha pedido ninguna parte "legitimada" y que afecta a los derechos fundamentales de los imputados "e incluso de terceros".
"Esta suerte de 'conservación a prevención' de la correspondencia electrónica se adopta de manera absolutamente genérica, sin la menor valoración de los derechos, que sacrifica o puede sacrificar (...) a las personas a las que afecta", sostiene en su recurso, en el que critica que "la única referencia" que hace sea la de "por si en su día se acordara en fase de instrucción unir a la causa los correos".
Además, cree que esta orden pone a la entidad "en la tesitura de entrometerse en unos correos electrónicos que almacena de una manera puramente accidental", ya que los correos "se generan en el ámbito de Caja Madrid" y fueron borrados por ésta, aunque se alojaron "accidentalmente en un servidor secundario" que conserva Bankia.
Según Blesa, este "por si acaso" conlleva "una intolerable intromisión en el derecho de la intimidad y en el secreto de las comunicaciones" de los imputados y debe acordarse motivadamente en un auto, por lo que estima que la orden es "contraria a derecho".
A ello se une el hecho de que, explica, los correos fueron anulados por la Audiencia Provincial de Madrid junto con el resto de la causa en la que Silva investigaba la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros por parte de Caja Madrid al Grupo Marsans de Gerardo Díaz Ferrán.
En este sentido, resalta que estos documentos constituyen "una prueba no sólo nula, por haber sido ilícitamente obtenida, sino que su ilícita obtención es eventualmente constitutiva de un delito", por lo que la nueva instructora no puede darle "ningún efecto jurídico, ni tan siquiera la posibilidad" de que lo genere.
Por ello, entiende que la magistrada debería dejar sin efecto la intervención del servidor y no abrir la puerta a que se puedan recuperar en el futuro para unirlos a la causa, ya que si ello se produjese, "se volvería a contaminar el presente procedimiento al haber utilizado una prueba corrupta", lo que volvería a dar lugar a su anulación.
"Sencillamente, el Juzgado no puede pronunciarse sobre la conservación que Bankia ha de hacer de unos soportes informáticos que no constituyen prueba ni elemento de convicción ni de esta causa, ni de ninguna otra", subraya.
El uso de una "prueba corrupta también corrompería las actuaciones de la causa a la que se pretenda exportar", según lo establecido por el Tribunal Supremo, que sentenció que "los frutos del árbol envenenado deben estar, y están jurídicamente contaminados", concluye el escrito.
