El Ministerio de Empleo ha hecho oídos sordos a la recomendación que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, le hizo sobre el incentivo que va a conceder a las agencias de colocación por delatar a parados que estén incurriendo en alguna irregularidad que conlleve sanción. Becerril pidió al Ministerio que retirara este plus porque se trata de una retribución "indebida" que pervierte el sentido de la norma. Empleo considera, sin embargo, que su propuesta es legal y adecuada, y continuará con ella.
La Defensora dice que incluirá el caso en su próximo informe anual, en el que pondrá de manifiesto que "siendo posible una solución positiva al asunto planteado", ésta no se consiguió "por la actitud contraria de la Administración competente a poner en práctica la resolución" que en su día le hizo llegar la institución.
Becerril finaliza así la queja que interpuso la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET), que denunciaba que las agencias privadas de colocación no son competentes para tramitar y resolver expedientes sancionadores, ni para poner en conocimiento del Servicio Público de Empleo posibles irregularidades "por cuanto esas funciones suponen el ejercicio de una autoridad pública que no puede corresponder a una sociedad mercantil aunque esta sea de capital público o goce de la firma de un convenio marco".
En la carta que ha hecho llegar la Defensora a la asociación explica que el Ministerio de Empleo considera que el nuevo acuerdo marco de agencias de colocación no está fuera "del marco legal vigente" y que sus "actuaciones de comunicación" son "tareas complementarias y coherentes" con su trabajo.
"El Ministerio considera que esta retribución es coherente con las previsiones legales y las obligaciones de las agencias y de los trabajadores beneficiarios de prestaciones y, ante todo, evita un reparto asimétrico del riesgo en la labor de intermediación así como la pérdida de eficacia y eficiencia en estas actuaciones. Estima que estas razones fundamentan la conveniencia de mantener el incentivo", dice la carta.
Las agencias privadas de colocación cobrarán entre 300 y 3.000 euros por colocar a personas en desempleo, en función de la edad del parado y del tiempo que lleva en desempleo. El Ministerio añadió otro incentivo para las agencias que encuentren irregularidades que acaben en una sanción al parado.
Andet recurrió a la Defensora del Pueblo, que dió la razón a la asociación y pidió al Ministerio que suprimiera el incentivo al tratarse de una acción "que no constituye intermediación laboral y pervierte el sentido de la norma, al convertir en objetivo susceptible de retribución con fondos públicos lo que constituye un deber exigible a la agencia de colocación, de obligado cumplimiento en el desarrollo de su actividad".
