Izquierda Unida ha denunciado en múltiples ocasiones que PP y PSOE coinciden en la mayoría de sus votaciones en el Parlamento Europeo o sobre los asuntos relacionados con la política comunitaria. El martes sumaron otra muesca en la cuenta cuando los dos partidos mayoritarios rechazaron en el Congreso someter a referéndum el futuro acuerdo de libre comercio que negocian EE UU y la UE.
La Izquierda Plural (grupo que reúne a IU, ICV-EUiA y CHA) planteó una moción a cuenta de la negociación de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (denominado TTIP por sus siglas en inglés). La moción instaba al Gobierno a rechazar el actual proyecto y a que, en cualquier caso, su futura ratificación se someta a la voluntad de los ciudadanos de la unión. En último término pedía que, al menos, la Comisión de Asuntos Exteriores constituyera un trabajo para arrojar luz sobre unas conversaciones que, hasta ahora, se están llevando en secreto.
Los dos primeros puntos fueron rechazados por PP y PSOE, además de por CiU, UPyD y PNV. "Se trata de la creación de un área de libre comercio y no hay participación de la sociedad civil. Las negociaciones se están llevando a cabo a espaldas de la soberanía de los Estados de la UE y queríamos que el Congreso participara", se lamenta la diputada de ICV Laia Ortiz, que critica el acuerdo tanto por el fondo como por las formas con las que se está negociando.
La moción (que se puede consultar íntegra aquí) fue defendida el martes el diputado José Luis Centella y aseguró en la tribuna que "el tratado busca fundamentalmente acabar con la regulación que hay en la UE" y "primar los derechos de los inversores sobre los de los ciudadanos". El secretario general del PCE acusó además a PP y PSOE de teatralizar sus diferencias de cara a las próximas elecciones: "Quienes mandan en la UE, más allá de los rifirrafes de la campaña, son los intereses a los que la socialdemocracia y la derecha europea han supeditado la firma de este tratado".
"La clave está en quién planifica la economía: el BCE y la troika o los parlamentos democráticamente elegidos", aseguró Centella en su alocución, en la que acusó a la UE de intentar poner "las corporaciones al nivel de los Estados" que la conforman. La mano derecha de Cayo Lara en el Congreso reprochó las, en su opinión, falsas cuentas con las que se intenta convencer a la ciudadanía de las bondades del acuerdo. Un beneficio de 500 euros por cada persona de la UE. No decía margallo cómo se repartían esos 500 euros. Por cada 1000 euros que gane Botín, habrá un europeo o europea que no gane nada.
El diputado de IU también conminó al Congreso a que exija al Gobierno que trabaje para que, en todo caso, el futuro acuerdo sea sometido a referéndum en los países miembro de la UE "antes de su ratificación".
Estos dos primeros puntos fueron rechazados por 296 de los 320 diputados presentes. PP y PSOE sumaron sus votos a los de CiU y PNV (que forman parte del grupo liberal en Estrasburgo) y de UPyD. El PSOE quiso presentar una enmienda que no fue aceptada por el grupo que proponía la moción. Ortiz critica el movimiento socialista por ser "un gran acto de hipocresía". "Te hago una enmienda para no decir que estoy en contra. Podrían haber abstenido pero votaron en contra", zanja.
De haber aceptado la enmienda del PSOE no se hubiera podido votar por separado el tercer punto de la moción, que conminaba al Congreso a crear un grupo de trabajo en la Comisión de Asuntos Exteriores "para que en el plazo máximo de seis meses presente un informe que valore este acuerdo y su repercusión en nuestro país". Este tercer punto fue tumbado en solitario por el PP.
Un acuerdo en entredicho
El TTIP ha generado un sinfín de críticas desde que el presidente de EE UU, Barack Obama, anunciara el inicio de unas negociaciones que, de momento, son secretas. "La UE tiene los mejores estándares sociales y medioambientales del mundo y con este pacto, sale perdiendo", asegura Laia Ortiz. Y estos derechos, sostiene La Izquierda Plural, corren serio peligro en caso de que el acuerdo salga adelante.
El tratado incluye además la instauración de un sistema de arbitraje para salvar las diferencias que se produzcan entre empresas y gobiernos que dejaría muchos asuntos al margen de la jurisdicción de los Estados.
Este tipo de resolución de conflictos ya se ha puesto en marcha en otros acuerdos similares que han permitido a grandes corporaciones a cobrar indemnizaciones millonarias por cambios legislativos que contrariaban su negocio. Algo parecido a lo que pedían los promotores de Eurovegas antes de dar la espantada.
La ONG Amigos de la Tierra pone un ejemplo: los 1.770 millones de euros que tuvo que pagar Ecuador a la petrolera Occidental por rescindir el contrato entre ambas después de que la compañía vendiera el 40% de sus derechos de producción a otra sin cumplir la obligación de contar con el consenso del Gobierno.
