La Fiscalía pide siete años y dos meses de cárcel para José Manuel y para Rubén. Les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores, un delito de atentado y cuatro faltas de lesiones. Los hechos sucedieron en la huelga general del 29 de marzo de 2012, cuando los dos eran liberados sindicales de UGT y participaron en un piquete durante el que se produjeron momentos de tensión a las puertas de un bar.
Este es solo el último caso de una lista que ha engordado con rapidez en los últimos meses: actualmente hay hasta 40 procedimientos judiciales abiertos, algunos penales y otros sancionadores, contra sindicalistas que participaron en las últimas huelgas generales, especialmente en la que se produjo el 29 de septiembre de 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero aún en el Gobierno. Entre todos suman más de 140 años de cárcel. Los sindicatos ven detrás de estos casos una estrategia para desprestigiar la protesta sindical, amedrentar a los trabajadores y atentar contra derechos fundamentales como el derecho de huelga.
"Es absolutamente desproporcionado, sin duda se debe a instrucciones precisas que proceden de la estructura jerárquica de la Fiscalía para limitar un derecho fundamental como es la huelga", señala Manuel de la Rocha, uno de los abogados de UGT que se encarga del caso de José Manuel y Rubén, que insiste en que se ha producido un "cambio de criterio" en el Ministerio Fiscal porque nunca antes se habían pedido en España penas tan elevadas por este tipo de sucesos.
De la Rocha, exdiputado socialista, explica que el piquete en el que participaban recorrió varios puntos de Madrid hasta que a las siete de la mañana llegaron a la puerta de un bar cercano al Congreso de los Diputados. Una vez allí, un trabajador abrió la puerta y arrojó varios pasquines. Un camarero salió a la puerta y comenzó la tensión. "Un grupo de policías que les seguía desde hacía tiempo comenzó a cargar muy duramente", continúa el abogado. Hubo dos detenidos y varios miembros del piquete denunciaron a la policía, una denuncia que llegó a un juicio cuyo resultado fue la absolución de los policías.
"Piden más de tres años por atentado porque consideran que se resistieron a la carga y a la detención. Y otros tres años por un delito contra los derechos de los trabajadores. Es desmesurado pedir siete años en una situación como la actual, donde hay personajes que han dañado la vida de miles de personas y que siguen en la cañe y a unas personas por participar en un piquete, por unos hechos que apenas duraron minutos, se les pide años de cárcel. El Tribunal Constitucional ha señalado que los piquetes son un instrumento para dar publicidad a la huelga y que en esas situaciones se producen tensiones. La aplicación de delitos penales no puede desfigurar el derecho de huelga", insiste De la Rocha.
Procedimientos abiertos
Hay procedimientos abiertos en varias comunidades, entre ellas Madrid, Galicia, La Rioja, Islas Baleares, Andalucía o Asturias. La mayoría de los implicados tienen vinculación con CCOO o UGT, aunque en algún caso también hay personas ligadas a otras centrales, como la CIG.
En el caso de Baleares, la Fiscalía pide cuatro años y medio para la secretaria general de CCOO en las islas, Katiana Vicens, a la que acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores por participar en un piquete durante la huelga del 29 de marzo de 2012. La acusación asegura que subió a un autobús para convencer a un conductor de que abandonara su puesto de trabajo y que llegó a romper un cristal. En La Rioja, cinco sindicalistas de CCOO están imputados por un delito de coacciones durante el paro del 29 de septiembre de 2010 y la Fiscalía pide dos años de cárcel para cada uno de ellos. Los cinco formaban parte de un grupo más amplio que entró en una empresa para informar a los trabajadores sobre la huelga.
Para CCOO la situación es preocupante. En el sindicato defienden que los criterios de actuación de la Fiscalía atentan contra el principio de libertad sindical. "Son anticonstitucionales: limitan el derecho a la huelga y atentan contra las libertades fundamentales", subrayan. Por eso, el sindicato está preparando una batería de medidas jurídicas y sindicales, pero también barajan convocar movilizaciones.
Uno de los casos que más repercusión ha tenido es el de los ocho trabajadores de Airbus, para los que la Fiscalía pide ocho años de cárcel por participar en un piquete durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 en el que se produjeron altercados y una carga policial en la que los antidisturbios llegaron a disparar al aire. Es la mayor pena que se ha solicitado nunca en España por hechos similares desde que llegó la democracia
