El relevo en la dirección de la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas, encarcelado actualmente en la prisión de Soto del Real, por haber acumulado una fortuna que alcanzó al menos 48 millones de euros en Suiza procedentes de la supuesta financiación ilegal del partido, parece haber sido el catalizador para que el ex esponsable popular haya cambiado de estrategia procesal y entregar al juez Ruz, encargado de la instrucción de su caso buena parte de la munición que conservaba a buen recaudo contra la formación del Gobierno y contra Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal en particular. El nuevo abogado de Bárcenas, el exmagistrado Javier Gómez de Liaño, ha sido el encargado de gestionar la nueva estrategia de Bárcenas ante los tribunales.
Los anteriores abogados de Bárcenas, Miguel Bajo y Andrés Trallero, renunciaron a su defensa el lunes 7 de julio, al día siguiente de que el diario El Mundo publicara el contenido de una conversación de cuatro horas entre el extesorero del PP y el director del rotativo, Pedro J. Ramírez. Bárcenas reveló a Ramírez que el PP se había financiado ilegalmente, al menos, durante los últimos 20 años y le entregó documentos originales sobre la contabilidad oculta del partido que el director de El Mundo entregó días después al juez Ruz.
Tras la espantada de sus abogados, Bárcenas pasó una semana sin representación letrada. Sin embargo, el lunes de la semana pasada ya acudió a declarar ante el juzgado de Ruz, el número 5 de la Audiencia Nacional, asistido por Javier Gómez de Liaño. En esa comparecencia, el extesorero del PP mostró una actitud diametralmente opuesta a la que había venido manteniendo durante los cuatro años que ha estado involucrado en el proceso. Reveló a Ruz todos los datos que había explicado a Ramírez y amplió la información sobre las finanzas del partido. Además, reforzó su declaración con un arsenal de documentación, a su juicio probatoria.
Pero ¿quién es este abogado cuya entrada en escena ha puesto en jaque a la dirección del PP? Durante años, Javier Gómez de Liaño (Ourense, 1948) fue conocido por su actividad como juez. Entroncaba así con la tradición familiar, ya que su padre era el fiscal y magistrado Mariano Gómez de Liaño y Cobaleda. Javier Gómez de Liaño accedió a la judicatura por el quinto turno porque en sus primeros años en la carrera judicial ejerció como secretario de juzgado.
Lasa y Zabala
Fue ascendiendo hasta llegar a magistrado de instrucción de la Audiencia Nacional, desde donde en los últimos años 80 se convirtió en un juez especialmente molesto para el Gobierno socialista de Felipe González cuando instruyó diversos sumarios relacionados con el terrorismo de Estado perpetrado por los GAL, en especial el caso Lasa y Zabala, en el que se investigó el asesinato en el cuartel de Intxaurrondo y posterior entierro en cal viva de dos miembros de ETA y que, cuando llegó a juicio, supuso la condena del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.
Alineado con el grupo de fiscales rebeldes de la Audiencia Nacional, conocidos como los indomables, por su negativa a acatar las órdenes de los distintos titulares de la Fiscalía General del Estado, siempre se mostró beligerante con los escándalos que afectaban al PSOE, al igual que fiscales como Ignacio Gordillo o la propia pareja de Gómez de Liaño, María Dolores Márquez de Prado.
Eso le valió que el encargado de los asuntos judiciales del PP lograra que el partido le propusiera como vocal del Consejo General del Poder Judicial en 1990. Pero Gómez de Liaño le salió rana al PP. En el Consejo en el que se integró, el bloque conservador estaba encabezado por el vicepresidente, José Luis Manzanares, e integrado por magistrados ultraconservadores como Margarita Mariscal de Gante o Andrés de la Oliva. La manifiesta enemistad entre los conservadores y la mayoría progresista, liderada por el entonces presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, dejó bloqueado el Consejo, especialmente después de que muertes y renuncias dejaran empatados a los dos bloques.
Durante aquellos años los dos grandes asuntos del CGPJ fueron la designación del presidente de la Sala Segunda del Supremo, para la que los progresistas proponían al presidente de la Sala de lo Militar, José Jiménez Villarejo (padre de la dirigente del PSOE Trinidad Jiménez), y los vocales del PP al magistrado ultraconservador Fernando Cotta.
El otro gran asunto fue la situación del entonces vocal Luis Pascual Estevill, que años más tarde acabaría condenado por extorsión y soborno. Los conservadores defendieron hasta el final la permanencia de Estevill en el Consejo porque le necesitaban para, al menos, evitar que Villarejo fuera nombrado presidente de la Sala Segunda y acabara dirigiendo el juicio por el secuestro de Segundo Marey a manos de los GAL. Los principales acusados eran los integrantes de la dirección del Ministerio del Interior del Gobierno socialista: José Barrionuevo, Rafael Vera, Julián Sancristóbal o Ricardo García Damborenea, entre otros.
Némesis
Y ahí fue donde el PP recibió el plantón de Gómez de Liaño, que decidió alinearse con el bloque progresista para, a la primera oportunidad, volver a la Audiencia Nacional como magistrado. Eso fue en 1995, al mismo tiempo que la Audiencia Nacional juzgaba a la dirección del Banesto de Mario Conde en la que jugaba un papel destacado Mariano Gómez de Liaño, hermano de Javier.
Recién reincorporado a la Audiencia Nacional, abrió unas diligencias que serían su némesis. Decididó procesar al presidente y al consejero delegado del grupo Prisa, el fallecido Jesús de Polanco, y Juan Luis Cebrián, respectivamente, por apropiación indebida en lo que se denominó caso Sogecable. Gómez de Liaño calificó de delictiva la práctica de Canal Plus de exigir a los abonados un depósito de 15.000 pesetas por el descodificador de la televisión de pago. Sogecable abandonó esa práctica y se querelló contra Gómez de Liaño por prevaricación. Finalmente fue inhabilitado no sólo como juez, sino también para el ejercicio del Derecho.
A pesar del revés, Gómez de Liaño recuperó el apoyo incondicional del Gobierno de José María Aznar –que le concedió un indulto parcial y le permitía seguir ejerciendo como juez siempre que no lo hiciera en la Audiencia Nacional– y la del periódico que dirige Pedro J. Ramírez.
La reparación le duró poco, porque Prisa llevó el indulto al Tribunal de Estrasburgo y éste consideró que la condena a Gómez de Liaño debía mantenerse a pesar de la medida de gracia del Ejecutivo de Aznar, aunque le permitía ejercer como abogado. Desde la sentencia hasta ahora, no había llecado ningún caso célebre.
Sin embargo, la sucesión de acontecimientos –la entrevista con Ramírez y su elección como abogado de Bárcenas mientras El Mundo ha continuado con el goteo de informaciones sobre las supuestas prácticas ilegales en la contabilidad del PP– suscita una pregunta sobre Gómez de Liaño: ¿para quién trabaja?
