Este martes la oferta televisiva mengua en nuestro país. Nueve canales dejan de emitir obligados por una sentencia del Tribunal Supremo que el Gobierno ha decidido aplicar literalmente. La mayoría de ellos llevaban en marcha cuatro años y representaban un 7% de la audiencia y algo más de cien millones de facturación publicitaria, como recordaba Enric Lloveras en su artículo para eldiario.es hace unos días.
Más allá de la acertada y aclaratoria descripción de lo hechos que realiza Lloveras, siempre me ha preocupado que el mango de la sartén donde se cuecen las normas del espectro radioeléctrico lo tenga bien asido el Gobierno de turno. Seguro que tiene que ser de esa manera, me dicen: lo mismo que la costa y el litoral o el espacio aéreo o las nosecuantas millas marítimas que pertenecen al Estado y las administra el Gobierno legislando sobre esos espacios naturales, protegiéndolos o comprometiéndolos según el color político y la sensibilidad por lo medioambiental.
Pero en el caso de las televisiones el grado de implicación de nuestros gobiernos suele ser exagerado. En las públicas determinan su cierre, como el caso de Canal 9, o la casi extinción como el de Telemadrid; ajustan sus presupuestos a sus intereses y privatizan a su conveniencia, como en TV3 con la gestión publicitaria de la cadena catalana.
A las privadas les insuflan aire cortando los ingresos de la publicidad de la cadena estatal, facilitan sus fusiones y crecimientos con nuevos canales para luego quitárselos de un plumazo. A lo mejor es que se habían dado cuenta de que el duopolio privado de Mediaset y Atresmedia estaba tomando una dimensión peligrosa...
El hecho es que las licencias que otorga el Gobierno, según la última ley de lo audiovisual de 2010, tienen una duración de 15 años. Es cierto que se renuevan automáticamente, pero la ley prevé supuestos en que esa renovación pudiera no ser tan instantánea.
Que las teles dependan de la legislación del Gobierno, de entrada, ya me gusta poco. Prefiero lo tradicional: el periódico de fulanito, incluso aunque éste sea de un fondo de inversión o se maneje con intereses inconfesables. Por descontado, prefiero a cualquiera de los diarios que están en el otro espectro: el de internet. Al menos no dependen de la licencia de los políticos que nos gobiernan.
Quienes pueden acabar pagando esa regulación televisiva somos todos los ciudadanos. Los grupos afectados por el cierre de estos nueve canales parece que van a demandar al Estado, o sea al erario, quiere decir que la indemnización saldrá de nuestros impuestos, como sale de los de los valencianos el cierre de su canal autonómico o del bolsillo de los madrileños las indemnizaciones de Telemadrid.
A partir de este martes, el 7% de la audiencia se acomodará en otros canales televisivos y no sé si realmente nos sentiremos menos libres y tendremos menos pluralidad informativa, pero sí intuyo que vamos a ser un poco más pobres.
