El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado este sábado que el grupo de trabajo creado para afrontar la inmigración irregular en las fronteras de Ceuta y Melilla blindará las actuaciones de la Guardia Civil en estos puntos con argumentos legales para que sean incuestionables.
En declaraciones a los medios desde Sabadell (Barcelona), ha explicado que no se trata de adoptar nuevas medidas sino de "dar más seguridad jurídica a la actuación de la Guardia Civil para que no la pueda cuestionar nadie", al considerar que las discusiones y la división en torno a sus operaciones alientan a las mafias de tráfico de personas haciéndoles creer que lo tienen más fácil.
El grupo de trabajo está analizando toda la legislación española y comunitaria para apoyar el trabajo de los agentes a la hora de compatibilizar el respeto a los derechos de las personas con la impermeabilidad de las fronteras, para que en España se entre, "como en cualquier país, por los pasos habilitados fronterizos al efecto y de manera legal, no de manera violenta, masiva" e ilegal.
Las declaraciones del titular de Interior sobre su pretensión de blindar las actuaciones de los agentes en las fronteras se producen tan solo dos días después de que se hayan cuestionado medidas como el uso de gas pimienta o de un extintor contra algunas personas inmigrantes que intentaban cruzar la valla en Melilla y tan solo tres meses después de que la Guardia Civil disparara material antidisturbios al agua en la que se encontraban cientos de subsaharianos que intentaban llegar a nado a Ceuta. Ese día murieron en el mar 15 personas.
No es la primera vez que el Gobierno anuncia que utilizará la ley para respaldar actuaciones de la Guardia Civil en las ciudades autónomas. Ante la obviedad -e incluso reconocimiento por parte del ministerio- de la práctica de las 'devoluciones en caliente', que consisten en expulsar ilegalmente a las personas inmigrantes que han conseguido llegar a suelo español, el PP manifestó su intención de modificar la ley de Extranjería para, en la práctica, legalizar las devoluciones inmediatas.
