Después de que varios ayuntamientos hayan aprobado medidas para gravar los pisos vacíos, la Generalitat ha hecho público este viernes su anteproyecto de ley del impuesto sobre las viviendas vacías. El texto prevé que el gobierno pueda cobrar un impuesto de entre 500 y 1.650 euros a los propietarios de viviendas que lleven más de dos años desocupadas "sin causa justificada, en tanto que este desempleo afecta a la función social de la propiedad de la vivienda", señala el texto.
En declaraciones a la Cadena SER, el secretario de Vivienda Carles Sala, asegura que la legislación podría estar aprobada antes de acabar el año y que el anuncio del proyecto de ley ya ha provocado un cambio en la actitud de las entidades bancarias. Una vez entre en vigor, las viviendas vacías deberán inscribirse en un registro de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
El impuesto aplicado será progresivo y crecerá en proporción al número de viviendas vacías en propiedad. Las entidades que tengan hasta 120 viviendas vacías, pagarán 500 euros anuales por piso, las que tengan entre 120 y 600, pagarán 825 euros, y las que tengan más, 1.650 euros.
Por otra parte, la ley incorpora bonificaciones de este impuesto en relación al porcentaje de viviendas que la propiedad destine al alquiler asequible, que pueden ir del 10% al 75%, en caso de que ponga a disposición más del 40% de sus viviendas.
Estarán exentos del impuesto los inmuebles más grandes de 120 m2, los que sean propiedad de la administración, los que estén en ámbitos considerados de escasa demanda, los que ya estén destinados a programas de alquiler social y los pisos turísticos que cumplan con la normativa específica.
El anteproyecto no pasa por alto las medidas ya aprobadas por varios ayuntamientos catalanes para multar las viviendas vacías y marca que se establecerán medidas compensatorias o de coordinación en estos casos.
