Estudiarse la lección el último día antes del examen es una costumbre que en España no sorprende a casi nadie. Aunque no parece muy edificante que quien lo haga sea el Gobierno, así ha ocurrido. En el último Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha aprobado el proyecto de reglamento que permite la correcta aplicación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales. Era el último Consejo de Ministros lectivo, antes de que se marche la delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) que está evaluando a España en esta materia.
La aprobación de este reglamento se produce, nada menos, que tres años y dos días después de lo previsto por la Ley que, publicada en el BOE el 28 de abril de 2010, que daba un plazo de un año para poner en marcha el conjunto de normas que facilitara su aplicación. Tras meses de rumores y esperas, la aprobación se ha hecho, casi de incógnito, camuflada bajo el atractivo mediático del nuevo cuadro de indicadores macroeconómicos y un anuncio de una rebaja de impuestos. Dos noticias que no han dejado sitio ni para una línea en nota de prensa oficial en referencia al tema del blanqueo.
El Gobierno ha tenido que hacer malabares para conseguirlo. Por ejemplo, uno de esos cambios de base que exigen las nuevas normas internacionales era modificar el tratamiento de los sujetos políticamente expuestos, (PEP en sus siglas en inglés). Se trata de políticos con altos cargos a los que las leyes internacionales les consideran personas que, por su cargo e influencia, podrían ser objeto de operaciones ilícitas por parte del crimen organizado, tanto por corrupción como por operaciones de lavado de dinero. En España, la ley de 2010, solo identificaba como PEP a políticos extranjeros o que hubieran tenido algún cargo en el extranjero. Mientras, personajes como el ex tesorero de PP Luis Bárcenas o el ex Alcalde de Marbella Julián Muñoz quedarían libres de toda sospecha.
Una situación, a todas luces irregular que este reglamento por sí solo no podía cambiar y que obligó al Gobierno a modificar la Ley 10/2010 introduciendo el cambio pertinente a través de la Ley de Transparencia que se aprobó en 2013 pero que aún no se sabe como se ha materializado. A falta de que se publique el reglamente, el cambio implica que los altos cargos municipales de población de al menos 30.000 habitantes pasan a ser sujetos sensibles para la banca. Es decir, si un alcalde hace operaciones sospechosas con dinero contante y sonante, el banco ahora le tiene que pedir justificación de los movimientos por el hecho de ser quién es.
Dudas por el cumplimiento
Que la medida pasase desapercibida para los medios de comunicación era lo de menos. Lo que realmente importaba el miércoles era poner en orden una legislación sin la cual sería muy complicado que los investigadores de Gafi dieran a España el aprobado en materia de prevención de blanqueo de capitales. Y eso sí que daría para un gran titular.
"Que el examen no se va a pasar con holgura está claro. La aprobación de este reglamento era necesaria, para compensar otras debilidades como las pocas investigaciones o la falta de colaboración de muchos de los profesionales obligados a colaborar con la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)", explica Víctor Altimira, abogado experto en prevención de blanqueo de capitales.
Como ya contó eldiario.es, esas dudas eran generalizadas en el sector. Así lo manifestaron muchos profesionales, e incluso representantes de la Administración, en un encuentro celebrado en Madrid el pasado mes de noviembre. Desde entonces se esperaba un apretón final por parte de las autoridades financieras para ponerse al día y también por parte de algunos colectivos, como los abogados, para ampliar su colaboración. De todas ellas, la aprobación del reglamento era una de las más necesarias. Este texto permite a España vender, como así lo hizo ayer en los tres únicos párrafos que dedicó para informar de la decisión, que es una normativa que se adelanta a las nuevas exigencias de control y prevención que está preparando la Unión Europa, y que se prevé que se publiquen a finales de este año.
Otros cambios que se esperan en el reglamento, que a 1 de mayo aún no ha sido publicado en el BOE, es que se haya incrementado el control sobre las pequeñas empresas de sectores tradicionalmente utilizados para el blanqueo como joyerías, anticuarios, marchantes de arte, etc. Hasta ahora los con requerimientos que tenían eran demasiados laxos para el gusto de los hombres de Gafi. Estos inspectores también verían con muy buenos ojos que se hubiera puesto en marcha un anunciado Fichero de Titularidades Financieras, en el que Hacienda registraría datos de cuentas y fondos de quienes operan en España.
"Más allá de todas las cuestiones formales que esperamos que modifique el reglamento, lo que realmente cambia es el espíritu. Se pasa a ser una legislación más enfocada a detectar el riesgo, a prevenir y no como la que teníamos hasta ahora que era más formalista. Seguro que será más complicado, pero también más efectivo. Si ha tenido que venir Gafi a dar el empujón final bienvenido sea", explica María García, socia de Amber Legal & Business Advisors y experta en prevención de blanqueo de Capitales.
Más Investigación
No ha sido el único esfuerzo por ponerse al día que ha tenido que hacer España. El ministro de Economía, Luis de Guindos puso, en mayo de 2013, al mando del Sepblac a Juan Manuel Vega. Un hombre de su confianza, pero sobre todo de la confianza de los supervisores internacionales, ya que Vega es identificado en el sector como "el hombre de Gafi" en España.
Entre otras mucha labores, el gran reto de Vega es activar la supervisión. Si lo ha conseguido o no, todavía se desconoce ya que las últimas estadísticas que ha publicado el Sepblac pertenecen al periodo 2010-2012. En ellas, por ejemplo, se refleja que en 2012 se iniciaron 436 investigaciones por blanqueo, 16 menos que el año anterior. Sólo 11 habían sido in situ, frente a las 17 del año anterior o a las 25 que se llevaron a cabo en 2010.
En el caso de las sanciones la evolución es algo más positiva. Por ejemplo, en 2012 se impusieron 13 sanciones por valor de 3.242.010 € frente a las 7 de 2011 y las 6 de 2010.
Pero en cualquier caso, los datos están lejos de reflejar una actividad frenética. "Y el gran problema es que ahora lo que exige Gafi es efectividad", explica Fernando Rosado, experto internacional en prevención de blanqueo, columnista en la web www.controlcapital.net, y ex responsable de políticas contra el blanqueo en el Tesoro en 2000 y 2001. Es decir, no se trata de tener esta o otra norma. "Se trata de dar resultados: número de sanciones, de bienes incautados, de sentencias condenatorias, etc", asegura Rosado. ¿Llegarán los números españoles de 2013 a cumplir con los criterios internacionales? Si no hay filtración de por medio, habrá que esperar hasta el próximo otoño para saberlo.
