La red que tejió la Guardia Civil en su‘operación Araña’ dejará de ser tal cuando el juez Eloy Velasco, que estaba de guardia este lunes, envíe a reparto los casos de los 21 detenidos y estos recaigan en distintos juzgados, al no existir vínculos entre ellos que permitan agrupar la redada en una misma causa, según fuentes jurídicas. Por tanto, varios magistrados se encargarán de los detenidos y decidirán en cada caso si hay motivos para proceder a su imputación.
Los agentes decidieron detener un mismo día a los 21 internautas y poner un nombre a la redada. Sin embargo, podrían haberlo hecho por separado y en momentos diferentes. Un portavoz oficial del Ministerio del Interior negó el martes que hubiera una instrucción política detrás de la operación de la Guardia Civil. “Las Fuerzas de Seguridad tienen encomendada la persecución de los delitos cuando saben de su existencia”, aseguró.
El Servicio de Información de la Guardia Civil conoció de la existencia de los mensajes en Twitter y Facebook con contenido susceptible de constituir “enaltecimiento del terrorismo” y abrió diligencias previas informativas. En este trabajo se benefició de la “colaboración ciudadana”, según la fuente citada, que no precisó en qué consistió tal colaboración.
Los guardias civiles solo recurrieron a la Audiencia Nacional para solicitar al juez de guardia el lunes, Eloy Velasco, que bloqueara las URL de los mensajes, de tal forma que los detenidos no pudieran borrar los mensajes al ser puestos en libertad y se perdiera la principal prueba. Al no haber judicializado la operación, los agentes no contaban con autorización para realizar registros e incautarse de material informático.
Aun así, la nota del Ministerio del Interior aseguraba que la Guardia Civil se había hecho con teléfonos móviles y “material informático portable”. Fuentes jurídicas interpretaron que se arrebataron los móviles a aquellos que fueron detenidos en la calle, así como cualquier otro elemento que llevaran en ese momento.
En libertad
Los 21 detenidos quedaron a lo largo del lunes y el martes en libertad, después de haber sido trasladados a dependencias de la Guardia Civil en las seis comunidades autónomas donde se produjeron los arrestos. Tras el reparto de los casos en la Audiencia Nacional, los jueces de instrucción decidirán si les imputan y los llaman a declarar por los hechos de los que les acusa la Guardia Civil.
La Audiencia Nacional ya ha condenado en el pasado por enaltecimiento del terrorismo a través de mensajes en las redes sociales. La defensa de Alba González Camacho y la Fiscalía alcanzaron un acuerdo por el que la joven, de 21 años, fue condenada en febrero a un año de prisión y siete meses de inhabilitación por enaltecimiento del terrorismo. El acuerdo aseguraba a la condenada que no entraría en la cárcel. El artículo 578 del Código Penal establece que aquellos que enaltezcan o justifiquen actos de terrorismo o a sus autores, al igual que utilicen medios públicos para humillar a las víctimas, serán castigados con penas de prisión de uno a dos años.
González Camacho tenía 5.000 seguidores en su cuenta de Twitter, donde escribió mensajes como “prometo tatuarme la cara de quien le pegue un tiro a Rajoy o De Guindos” o “que vuelvan los GRAPO, necesitamos una limpia de fachas urgente”. La Guardia Civil destacó el lunes que los detenidos tenían miles de seguidores en Twitter y que habían colgado numerosos mensajes que podrían constituir enaltecimiento del terrorismo. Las vejaciones a las víctimas, sin embargo, eran proferidas por un mismo usuario en el vídeo de la operación difundido el lunes.
