Ana Botella ha vuelto a eludir este miércoles dar explicaciones sobre lo hechos acaecidos el pasado 3 de abril, cuando Esperanza Aguirre estacionó su coche en plena Gran Vía madrileña, interrumpiendo el tráfico del carril bus. En una visita al futuro centro deportivo de Vallehermoso ha asegurado que "el Ayuntamiento ya ha dicho lo que tenía que decir y la última palabra es del juez".
"La polémica ya no da más de sí", ha añadido tras el último cruce de acusaciones que tuvo lugar el pasado martes, cuando el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, aseguró que Aguirre no había entregado ni el permiso de circulación, ni la tarjeta de inspección técnica ni la documentación del seguro obligatorio.
El incidente también ha protagonizado la reunión de la comisión de Seguridad y Emergenicas del Ayuntamiento de Madrid, celebrada esta mañana de miércoles. Todos los grupos de la oposición han preguntado sobre la actuación policial, coincidiendo en señalar los motivos por los que Aguirre no fue sometida a un test de alcoholemia, por qué la policía no detuvo el avance de su coche cuando se fugó y por qué no fue esposada y llevada a comisaría por desobediencia a la autoridad.
El concejal de IU Ángel Lara se ha preguntado "por qué la policía no actúa de ese modo como lo haría si un ciudadano cualquiera desobedece a la autoridad" para denunciar que "la justicia no es igual para todos". Pablo García-Rojo, representante del PSOE en dicha comisión, ha preguntado si "esta decisión tiene que ver con alguna orden comunicada por emisora por parte de un mando del Cuerpo", denunciando un trato de favor hacia la expresidenta madrileña.
Por su parte, Enrique Núñez, delegado de la citada comisión, ha denunciado que se trata de un "circo mediático" propiciado por la oposición, para posteriormente defender la "proporcionalidad" en la actuación de los agentes de seguridad "para todos los madrileños, incluida Esperanza Aguirre".
