La Fiscalía de Málaga está a la espera de la conclusión de un informe ampliatorio, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), para decidir si envía ya a un juzgado de instrucción las diligencias de investigación penal que abrió en mayo de 2013, sobre el presunto fraude en 17 empresas malagueñas que recibieron subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), destinadas a cursos de formación para desempleados. Así lo han reconocido fuentes del Ministerio Público consultadas por eldiario.es/andalucia este lunes.
Las fuentes citadas observan como algo “normal y rutinario” que las diligencias de investigación abiertas hace casi un año no se hayan judicializado aún, en espera de las pesquisas policiales en curso. Los hechos que la Policía trasladó a la Fiscalía se ciñen al año 2010 únicamente.
Entre los juristas con los que ha hablado este medio hay división de opiniones en cuanto a que un fiscal pueda prorrogar ese tipo de diligencias tantos meses, sin ponerlas en conocimiento de un juez de instrucción. Un alto miembro de la carrera fiscal, de dilatada trayectoria, considera que “once meses es demasiado tiempo”, porque-acota-“se pueden ver vulnerados derechos fundamentales de las personas investigadas”.
Por el contrario, hay más de un catedrático de Derecho Penal que lo enmarca dentro de lo “estrictamente legal”, en el ámbito de las atribuciones de un fiscal, por muchas prórrogas que recaigan sobre la apertura inicial de diligencias de investigación.
En el hipotético caso de que cualquier ciudadano denunciara ante un juzgado de guardia el presunto fraude de los cursos de formación, tras tener conocimiento del mismo por los medios de comunicación, la Fiscalía de Málaga tendría que inhibirse automáticamente en favor del juez ordinario, recordaron las fuentes fiscales citadas.
Paralelamente, han precisado que la denuncia no la interpuso la Seguridad Social ante la Fiscalía de Málaga, como se ha interpretado en algunos medios, sino que fue la propia UDEF la que se dirigió a la acusación pública. De hecho, la citada unidad tiene un grupo adscrito a la investigación de fraudes contra la administración estatal mencionada.
La Junta remitió a la Fiscalía la información sobre 17 empresas malagueñas
El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, aseguró días atrás que “la Fiscalía de Málaga requirió en Enero pasado todos los expedientes y en Febrero se le entregaron”, dijo en alusión a las 17 empresas sobre las que se centran las pesquisas policiales.
El mandamiento que recibió la Junta de Andalucía, amparado por la Fiscalía malagueña, provenía del Grupo Primero del Servicio de la Seguridad Social de la UDEF, cuyos agentes están especializados en este tipo de fraudes a la administración pública, según fuentes cercanas a la investigación.
Por el momento, a la espera del nuevo informe policial, desde la Fiscalía evitan precisar a cuánto puede ascender la cuantía de lo defraudado. No obstante, la cifra inicial de la que arranca toda la investigación son 2 millones de euros. Sin duda una cantidad muy alejada de los 2.000 millones, dato aportado por fuentes del Ministerio del Interior a algunos medios de comunicación nacionales. Como ya es sabido, esos 2.000 millones son el monto total de subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación entre 2007 y 2013.
De momento, la investigación se circunscribe a Málaga
Todos los interrogatorios de alumnos de cursos investigados han tenido lugar ante los agentes de la UDEF. Estas personas habrían declarado “en calidad de testigos”, según fuentes fiscales. Por el momento, nadie vinculado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Junta de Andalucía, ha prestado declaración alguna. Tampoco lo han hecho personas relacionadas con sindicatos o la patronal andaluza.
Las fuentes fiscales citadas reiteraron que hasta ahora las pesquisas se circunscriben sólo al ámbito territorial de la provincia de Málaga, sin descartarse que puedan ampliarse a otras provincias andaluzas, en función del informe ampliatorio que elabora la UDEF.
