Maribel Blanco tenía una pareja, otra mujer, que fue la que, tras una inseminación artificial, gestó al hijo reconocido por ambas: una familia. Pero al separarse la pareja, cuando el niño tenía 3 años, Maribel perdió sus derechos como madre. ¿Por qué? Porque no estaban casadas (ni siquiera existía la ley de matrimonio igualitario cuando el niño nació). Curiosa contradicción, teniendo en cuenta lo que ha luchado el PP, partido de Gallardón, por impedir el matrimonio igualitario. Maribel lleva siete años luchando por su hijo, al que quiere y que la quiere (otras madres del colegio le han contado que el niño llora por no poder verla). Y tras un enorme desgaste emocional y económico, el Tribunal Supremo dictó hace unas semanas una sentencia sin precedentes, que reconoce la maternidad de Maribel y le permite filiar a su hijo, aunque desde su registro de nacimiento el niño lleve el apellido de las dos madres.
Pero, tras la alegría inicial, Maribel tendrá que seguir batallando, pues su ex pareja ha impugnado la sentencia. Esto no pasaría de un triste pleito familiar si no fuera porque va mucho más allá: la pelea de Maribel no es solo por el cuidado y el amor de su hijo, sino en defensa de un concepto de familia no tradicional. Una lucha por la diversidad familiar, en la que el matrimonio sea una opción y no una imposición. Como explica la propia Maribel en la petición abierta en change.org al ministro Gallardón, "en España, las parejas formadas por dos mujeres que tienen un proyecto de familia, tienen que casarse para poder reconocerse ambas como madres de su hijo o hija. Ninguna otra pareja en España tiene que firmar un contrato de matrimonio para que sus hijos sean suyos, pero esa desigualdad no ha sido resuelta aún".
Lo que esto pone en evidencia es que Gallardón se ha dejado el futuro político en cargarse unos derechos de las mujeres ya consolidados por ley, en vez de cumplir con su obligación como ministro de resolver los vacíos legales obsoletos, como esta injusticia homófoba. Una injusticia que atenta contra los derechos de las mujeres. ¿O es que las lesbianas no lo son, ministro? Una injusticia que atenta, además, contra los derechos de los hijos a disfrutar del amparo legal de sus madres. ¿O es que los hijos de madres lesbianas tienen menos derechos que los otros niños, ministro? Parece mentira que no se ocupe de ello un ministro a quien tanto le preocupan, sin embargo, los derechos de los niños no nacidos.
Solo encaja tal contradicción si tenemos en cuenta la obcecación con que Gallardón ha defendido el nacimiento de fetos con gravísimas malformaciones, enfermedades incurables o anomalías incompatibles con la vida: queda claro que no se trata de ahorrar sufrimiento a los niños, ya sea obligándolos a nacer solo para morir o pasar un calvario, ya sea privándolos del amor y la protección de una de sus madres. "No hay embriones de primera y de segunda, como no hay personas de primera y de segunda", argumentó Gallardón. Un argumento falaz, pues que una mujer lleve siete años luchando por sus derechos como madre supone que sí hay madres (personas) de primera y madres (personas) de segunda: si eres lesbiana, eres de las segundas. ¿O es que las lesbianas no son personas, ministro?
La petición que hoy circula no es nueva. "En febrero de 2013 trasladamos al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la necesidad de modificar la legislación para recoger estos supuestos de maternidad por intención, sin discriminación por estado civil. Hay muchas otras mujeres en la situación de Maribel que, incluso estando de acuerdo con la otra madre, ven imposible la filiación de sus hijos sin casarse", recuerda Boti G. Rodrigo, presidenta de la FELGTB.
Pero el ministro Gallardón hace oídos sordos. Tiene cosas mucho más importantes en las que preocuparse. En que nazcan puntualmente niños que no pueden vivir. En que las mujeres que no quieren ser madres se jueguen la vida si no tienen la pasta de las de su casta para evitarlo. En cargarse la justicia universal. En imponer silencio a los jueces y a las asociaciones judiciales a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En hacer desaparecer a los decanos (los únicos elegidos democráticamente por los jueces). En instaurar la "jurisprudencia vinculante": tendrá acceso a la Justicia solo quien se lo pueda pagar. O en ofender a secretarios y secretarias judiciales imponiéndoles, bajo multa de 600 euros, "decoro en el vestir".
Mientras Alberto Ruiz Gallardón vigila ese decoro, Maribel Blanco Fernández ha de seguir destinando todos sus recursos vitales en que la Justicia de este ministro no impida que sea la madre de su hijo.
