Los diputados reciben decenas de reivindicaciones y solicitudes de los ciudadanos cada mes. El Congreso tramita los escritos a través de la Comisión de Peticiones, un organismo que se reúne a puerta cerrada una vez al mes para valorarlas y tramitar las respuestas que dan a los interesados. El Parlamento se niega a dar publicidad a esas reivindicaciones amparándose en que supondría una vulneración de datos personales. No obstante, otras instituciones, como el Parlament de Cataluña, han desarrollado mecanismos para favorecer la transparencia y hacer públicas las reivindicaciones sin revelar la identidad de los solicitantes.
Las peticiones que los ciudadanos hacen a sus representantes son muy variopintas, según ha podido saber eldiario.es, que ha tenido acceso a los dos últimos informes tratados en la comisión en febrero y marzo: desde solicitudes derivadas de las situaciones personales (indemnizaciones, quejas por el régimen de visitas a los hijos en casos de padres separados, etc.) hasta reivindicaciones políticas (eliminación de polémicas leyes, como la del aborto o la de Seguridad Ciudadana; denuncias contra el bipartidismo o cuestiones relacionadas con la soberanía).
Una de las principales cuestiones que preocupan a los ciudadanos que se dirigen a la Comisión de Peticiones es el tratamiento que reciben los presos en las cárceles. Los diputados han recibido denuncias por torturas en prisión y también quejas por el distinto trato que reciben los reos en función de su nacionalidad. Los indultos y las revisiones de condenas también han llegado a la comisión, incluida una petición de no conceder el perdón a un condenado.
Otro núcleo importante de solicitudes se refieren a los regímenes de visitas a los hijos por parte de padres y madres separados e incluso piden ayuda ante el incumplimiento de la guarda y custodia de los menores. En el plano personal hay otras peticiones, como una "reclamación de indemnización por los perjuicios ocasionados por los errores administrativos y judiciales cometidos en relación con una negligencia médica" o una para que se cumpla la sentencia que declara ilegales las obras de sus vecinos.
Retirada de leyes y propuestas de debates
Pero los escritos de los ciudadanos, que se pueden presentar directamente en el registro del Congreso o enviar por correo postal, contienen también una gran carga política: piden la retirada de leyes o proyectos de leyes -la de Seguridad Ciudadana fue la más solicitada en el periodo analizado- y proponen debates legislativos, como un ciudadano que instó a los diputados a "legalizar o prohibir la prostitución, pero que no se ignore" así como una petición para que se establezca una ley que garantice la protección a la lactancia materna en lugares públicos.
Los beneficios de los representantes públicos también preocupan a los ciudadanos, que han pedido que se prohíba la 'puerta giratoria'. En concreto, un ciudadano ha solicitado que aquellos políticos que hayan tenido relación con las eléctricas no puedan ser contratados después por esas empresas. Otra de las peticiones se refiere a la infanta Cristina, cuya imputación en el caso Nóos ha provocado que un peticionario solicite el "repudio" de las Cortes para eliminarla de la sucesión a la Corona.
Las pensiones son otra de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, según las peticiones que tramita el Congreso, que contemplan el deseo de un aumento de las cuantías así como la equiparación del montante que reciben los jubilados despedidos por un ERE con la de los "trabajadores de la política". Las víctimas del franquismo también han recurrido a los diputados para reclamar reconocimiento y justicia así como colaboración con Argentina para el procedimiento contra los torturadores de la dictadura.
¿Qué hace el Congreso con las peticiones?
Una de las peticiones es la dimisión del diputado Rafael Hernando por las "injurias" vertidas contra los familiares de las víctimas del franquismo al asegurar que solo "se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo". El portavoz adjunto del PP ya tiene encima de la mesa ese mensaje, porque la comisión se lo ha trasladado.
La opacidad de la Cámara Baja respecto a las demandas de los ciudadanos dificulta saber si se ha dado respuesta efectiva a sus solicitudes -especialmente a las de carácter más personal-. Los diputados integrantes de la Comisión de Peticiones deben tomar en consideración -de manera individual o colectiva- todos los escritos que llegan.
A partir de ahí, el reglamento del Congreso establece que las solicitudes deben trasladarse a los organismos competentes (Defensor del Pueblo, comisiones del Congreso correspondientes, al Senado, al Gobierno, a la Fiscalía, a los tribunales o a las instituciones autonómicas o locales afectadas).
Esos organismos dan una contestación que envían a la comisión para que elabore una respuesta a los peticionarios, a quien siempre deben dar acuse de recibo del escrito e informar del acuerdo adoptado.
El Congreso ha recibido 1.978 peticiones en dos años, de las que ha respondido a 600 y ha considerado repetitivas 440. El Parlamento se niega a publicar su contenido alegando la protección de los datos de los remitentes. 'Qué hacen los diputados' recomienda que se cree un mecanismo para ocultar la procedencia, pero no la petición, tal y como sucede en Cataluña.
