Hace unas semanas presentaba un gráfico basado en datos de la Encuesta Social Europea 2012/2013, en el que mostraba hasta qué punto los ciudadanos europeos creen que la justicia social es un componente definitorio de la democracia. Vimos entonces que para una mayoría de ciudadanos en 12 de los 24 países en los que se pasó la encuesta (en algunos casos mayorías muy considerables) una democracia no es tal si no va acompañada de justicia social.
Hoy presento la otra cara de la moneda de esta creencia: cómo evalúan los ciudadanos europeos la justicia social de las democracias en las que viven. Los dos gráficos presentados abajo muestran el porcentaje de respuestas a las preguntas: a) ¿Hasta qué punto cree que el gobierno protege a todos los ciudadanos contra la pobreza? y b) ¿Hasta qué punto cree que el gobierno toma medidas para reducir la desigualdad de ingresos en el país? La escala de respuestas va de 0, si la afirmación no es aplicable en absoluto para el país del encuestado, a 10, si la afirmación es totalmente aplicable al país del encuestado.
Si comparamos el gráfico de hace unas semanas con los gráficos de este post veremos, en primer lugar, que allí donde más importancia se da a la justicia social como parte inherente de la democracia es también donde peor se evalúa el nivel de justicia social de la democracia realmente existente en el país. En estos casos, la brecha existente entre expectativas y realidad es, por tanto, muy amplia. Observamos, además, que esto ocurre en mucha mayor medida en Europa del Este y del Sur que en la Europa del Norte y el Oeste. La evaluación de la justicia social en las democracias del Este y del Sur es alarmantemente negativa. Sin duda a ello han contribuido los efectos de la Gran Recesión y la manera en la que se están gestionando por gobiernos democráticamente elegidos. Sin embargo, la explicación no puede estar sólo ahí puesto que Irlanda e Islandia, duramente atacadas por la crisis económica, y en el caso de Irlanda con una intervención de la Troika por medio, no presentan valores tan negativos como los de España y Portugal y no digamos ya los de algunos países del Este como Bulgaria o Kosovo.
Hasta qué punto esta brecha entre expectativas y realidad tiene un impacto sobre la legitimidad de los respectivos sistemas democráticos es algo que analizaremos en otro post.
