La corrupción no era un problema para los españoles hace tres años. La preocupación por los casos que afectaban a partidos e instituciones públicas -caso Gürtel y los ERE andaluces- y que ya estaban incluso judicializados solo representaba en torno a un 2% de los resultados de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El estallido del caso Nóos, que involucra a la familia del rey, provocó un aumento sintomático de la percepción de la España corrupta. Pero el verdadero incremento de la preocupación llegó a principios de 2013, cuando Bárcenas apuntó a la financiación irregular del partido del Gobierno con la publicación de sus anotaciones de las cuentas de la caja B del PP.
Solo un 0,7% de la población consideraba la corrupción y el fraude un problema en enero de 2008. La crisis no había estallado todavía, aunque se dejaba intuir. Los españoles no tenían la sensación de que la corrupción estuviese extendida en España, a pesar de los abundantes casos, sobre todo locales, que se juzgaban en aquel momento. En enero de 2011, ya en plena crisis, la percepción seguía en niveles bajos (2,4%). Los dos grandes casos de corrupción que afectan a los dos grandes partidos españoles- Gürtel en el PP y los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía- ya estaban bajo investigación judicial, y el caso Nóos, que implica a la infanta y su marido Iñaki Urdangarin, estaba a punto de estallar.
Los porcentajes en esos tiempos de recesión económica se incrementan lentamente, hasta que en enero de 2012 se produce un salto multiplicador: un 12,3% de ciudadanos lo denominó uno de los principales problemas de España. Esta subida coincidió con dos hechos judiciales acaecidos el mes anterior: en el caso Nóos se produjo la imputación del marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, a la vez que se da a conocer que el rey era consciente de las actividades de su yerno. Por otra parte, comenzó el juicio oral contra Francisco Camps por el caso de los trajes, relacionado con la trama Gürtel.
A lo largo del año 2012 esta percepción se mantuvo rondando los 10 puntos porcentuales. En noviembre, el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, solicitó al juez la imposición de una fianza de 8,2 millones de euros a Urdangarin y su exsocio Diego Torres, y les atribuyó "una actividad delictiva premeditada". Esos acontecimientos tuvieron repercusión en la ciudadanía: el siguiente barómetro del CIS recogió una subida de la percepción de la corrupción como un problema (con un 17,1% de las respuestas).
Ese incremento situó a la corrupción como el cuarto problema para la población, por detrás del paro, la economía, y los políticos y partidos. El estallido del caso Bárcenas, que apunta a la existencia de financiación irregular en el PP durante más de 20 años, fue el mayor detonante de esta preocupación: un 40% de los entrevistados, tan solo 15 días después de la publicación de los 'papeles de Bárcenas', consideró la corrupción el principal problema de España, únicamente por detrás del paro. Las noticias sobre los millones de Bárcenas en Suiza y las mentiras del PP sobre su contrato llevaron a un máximo histórico de la preocupación por la corrupción, que alcanzó el 44,4% en el barómetro de marzo.
Desde entonces los niveles se han mantenido en torno al 30% y la lucha contra la corrupción se ha convertido en el núcleo de las promesas del Gobierno, que anunció un paquete de medidas. En febrero y marzo, coincidiendo con la declaración de la infanta Cristina ante el juez Castro, se volvió a producir un incremento del señalamiento de la corrupción como lacra del país.
La corrupción no es el único problema que reflejan las encuestas del CIS y, además, tiene consecuencias sobre otras preocupaciones para los españoles. Los políticos, partidos y la política en general son considerados otro de los grandes problemas para la sociedad española que empezaron a alcanzar relevancia en los estudios sociológicos con el inicio de la crisis. A lo largo de los últimos años han ido escalando puestos entre los que más preocupan a los españoles, lo que refleja que los ciudadanos culpan a la clase dirigente de la actual situación. El estallido de los diferentes casos de corrupción que afectan a los partidos no ha hecho más que agravar una situación ya de por sí deteriorada.
