Los inmigrantes ya han pasado las pruebas de determinación de la edad en el Hospital de Melilla, después de haberse declarado menores. El resultado de este examen médico, sobre el que Defensora del Pueblo ha presentado varias quejas por carecer de análisis forenses rigurosos, indica que los cuatro inmigrantes superarían los 18 años. Una vez confirmada su minoría de edad, la Fiscalía ha dado la orden para que sean devueltos a Chafarinas, según ha denunciado la ONG la Coordinadora de Barrios y según han confirmado fuentes de la institución a la Cadena Ser. La Delegación del Gobierno en Melilla sigue ocultando la información negándose a dar datos oficiales.
La Coordinadora de Barrios y Caminando Fronteras intuyen que el objetivo es proceder a la devolución de estas personas a Marruecos, a pesar de haber solicitado protección internacional. Aún se desconoce el paradero de los otros tres inmigrantes que, si no han sido devueltos ilegalmente, llevarían más de 24 horas retenidos e incomunicados en instalaciones militares de Chafarinas.
Las siete personas alcanzaron el islote deshabitado en una embarcación neumática: uno es de Mali, tres de Guinea Conakry, dos de República Democrática del Congo y uno de Costa de Marfil. Todos tenían la intención de pedir protección internacional, lo que obliga a la prestación de asistencia letrada para formalizar la demanda de asilo y para pasar por las entrevistas necesarias con el objetivo de determinar si la solicitud es admitida a trámite o rechazada.
Después de pedir auxilio ellos mismos a activistas y periodistas a través de su teléfono móvil y comunicar la minoría de edad de cuatro personas y su intención de pedir asilo, fueron atendidos e identificados por la guarnición militar de la islas. Y empezó el silencio: las llamadas dejaron de ser respondidas, la Delegación del Gobierno en Melilla no ha proporcionado datos oficiales hasta el momento.
La Coordinadora de Barrios, a través de la abogada Patricia Fernández, ha ejercido de representante y ha formalizado la petición de asilo de todos ellos. No obstante, ante la sospecha de la inadmisión a trámite de facto -dado que no se han iniciado los trámites de protección internacional que incluiría el traslado de todos los solicitantes y no solo de los menores ni se ha permitido la asistencia letrada-, la organización ha interpuesto un recurso de protección de derechos fundamentales ante el Juzgado Central de lo Contencioso Admnistrativo y la Audiencia Nacional.
Además, se ha enviado la petición de medidas cautelares a Delegación de Gobierno para evitar la expulsión ilegal de los demandantes de asilo y se inicien los trámites requeridos en los casos de solicitud de protección internacional.
“Estás personas, demandantes de asilo, han sido retenidas en Instituciones Militares. Se debería haber denunciado la situación de detención ilegal, a través del procedimiento habeas corpues, pero solo puede ser interpuesto por los afectados o sus familiares. Como intuímos que ni se les han leído sus derechos ni se les ha prestadoa sistencia letrada, no lo saben. Es un círculo vicioso”, explica Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios.
Amnistía Internacional ha expresado su "preocupación" por la situación de estas personas. "Pedimos transparencia sobre lo ocurrido en Chafarinas. Se cree que estas tres personas han permanecido durante horas bajo el mando de las fuerzas militares", denuncia a eldiario.es una portavoz oficial de la organización. "Se debe garantizar el proceso de asilo a las personas que han pedido protección internacional".
Mientras, desde el otro lado del Estrecho, la activista Helena Maleno recibe llamadas de algunos de los familiares de los inmigrantes que continúan con sus teléfonos inoperativos. “Me preguntan que qué pasa, que si están vivos, que sus móviles no funcionan desde ayer...”, describe la investigadora. “Solo sabemos que han sido trasladados a Melilla las cuatro personas que se han declarado menores pero, ¿y el resto? Son demandantes de asilo y no sabemos qué han hecho con ellos. No sabemos si han sido expulsados ilegalmente a Marruecos, si continúan en Chaparinas, ni cual es el criterio con el que están tomando estas decisiones”, continúa.
“La Delegación del Gobierno en Melilla está actuando de una forma totalmente arbitraria. Nos preocupa mucho el oscurantismo de todo el proceso, que el Gobierno no haya tevelado por el cumplimiento de las garantías que prevé la ley en estos casos, etc. Siete personas que querían solicitar asilo han permanecido retenidas en una base militar durante casi 24 horas”, zanja Maleno.
