Es martes, son las siete de la tarde y varias personas se arremolinan sobre una mesa en una pequeña habitación del centro social Patio Maravillas de Madrid. La asesoría jurídica de la Oficina Precaria está a punto de empezar. En la puerta espera Andrés (nombre ficticio), un repartidor de sushi de 30 años que cobra en negro y que busca ayuda para acabar con esa situación. En el despacho, una habitación sencilla de solo unos pocos metros cuadrados, se quedan dos personas para atenderle.
"Aquí llegan desde becarios hasta empleadas domésticas, falsos autónomos, gente que cobra en negro o que tiene un contrato que no se cumple... Es decir, llega todo lo que se ve en el mercado laboral: mucha precariedad, que ya no es algo solo de gente joven, sino que está extendida. Mucha gente viene sin tener ni idea, a lo mejor con un finiquito que no saben si está bien hecho o no". Es Edu González el que habla, uno de los miembros de la Oficina Precaria, una iniciativa que cumple ahora dos años y que nació muy ligada a Juventud Sin Futuro y al movimiento 15M, pero que ahora tiene autonomía propia.
La idea era, precisamente, combatir la precariedad: por un lado, han organizado asesorías legales gratuitas para que la gente pudiera consultar sus dudas e informarse de las posibilidades que tienen, por otro, han lanzado campañas contra las becas fraudulentas y la precariedad aún más alarmante de las mujeres en el mercado de trabajo. "También hemos tenido contacto con la inspección de trabajo a través de un inspector, que nos dijo que le pasáramos las denuncias que tuviéramos de becas que encubrían puestos de trabajo. Pero además de luchar contra la precariedad queríamos proponer alternativas y la economía social nos parece una de ellas, por eso pusimos en marcha una asesoría personal y online sobre cooperativas", cuenta Sandra, otra de las integrantes.
En el despacho, Sergio Arroyo aguarda la siguiente asesoría. Es abogado laboralista y es su primer día como letrado de la Oficina Precaria. "Me enteré a través de un amigo de que andaban justos de laboralistas y me puse en contacto con ellos", explica Sergio, que aprovechará el tiempo libre que le deja su trabajo para atender algunas asesorías de forma desinteresada. Él es uno de los cinco abogados que se acaban de sumar al proyecto, todos de forma voluntaria.
El núcleo duro de la oficina lo forman entre quince y veinte personas jóvenes que se reúnen en asamblea cada semana. A su alrededor hay una nube de personas que colaboran o simpatizan y que apoyan el proyecto en la medida de sus posibilidades. Nadie paga cuotas: varios centros sociales les ceden espacios y el dinero que necesitan para mantener la página web y hacer cartelería y pegatinas lo consiguen organizando fiestas.
Al despacho entra Santiago (nombre ficticio), un traductor freelance que roza los 60 y que acude para consultar una reclamación de cantidades que le hace la Seguridad Social. "Estuve un tiempo sin darme de alta y me han pillado. Sé que es fallo mío, pero yo ingresaba unos mil euros, mi mujer lo mismo, tenemos una hija de 16 años y pagamos 800 de alquiler. Si yo pagaba 270 euros de cuota más los impuestos nos era imposible vivir. Pero sé que está mal hecho", se lamenta. Durante la asesoría, el abogado atiende y otra persona de la oficina toma notas: recogen datos, consultan leyes y reglamentos, aconsejan, dejan el caso registrado y, si es necesario, conciertan nuevas citas para hacer seguimiento.
Acciones de denuncia
A la mesa del despacho también se sienta el miedo. "Mucha gente que viene teme denunciar, no quieren tener más problemas", dice Sandra. Su compañera Alba Méndez lo confirma: "Tienen miedo, pero también cabreo, y hay gente que quiere ejercer presión". Por eso, la oficina quiere dar un paso más y organizar acciones de denuncia ante, por ejemplo, empresas que no paguen a sus trabajadores o que ofrezcan becas que esconden puestos de trabajo.
La primera la hicieron hace poco, junto a otros colectivos, en un mercado de Madrid: en uno de los puestos, un trabajador que se negó a hacer más jornada por el mismo salario y que cobraba la mitad de su sueldo en negro, fue despedido. El empresario le debía dinero. Han llevado el caso a los tribunales.
"Fuimos allí a informar a los consumidores y al resto de empresarios de lo que allí estaba sucediendo", cuenta Alba. "Como hay muchos casos en los que la gente desea mantener el anonimato, estamos pensando en hacer acciones más globales, en empresas donde este tipo de prácticas sea frecuente y así proteger más a las personas que denuncian", continúa.
Se hace tarde y la becaria que habían citado para la asesoría ha avisado de que no podrá acudir. Su beca era en realidad un puesto de trabajo y, cansada, la dejó. "Y el último mes que trabajó no se lo pagaron".
