El primer intento mundial para evitar que el consumismo devore la mayor reserva protegida del planeta fracasó hace ocho meses. Tras seis años de dura pelea, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció en agosto la muerte de la Iniciativa Yasuní ITT, un original compromiso propuesto por el país andino para dejar bajo tierra 920 millones de barriles de petróleo valorados en 18.000 millones de dólares a cambio de 3.600 millones de dólares que debería aportar la comunidad internacional. Pero resultó un fracaso. “El mundo nos ha fallado”, dijo un abatido Correa el día que anunció la defunción del proyecto.
Desde entonces, la atmósfera política de Ecuador se ha cargado de conflictos. La alarma se disparó en febrero cuando Alianza País, el partido del presidente, sufrió el revés electoral más importante desde su llegada al poder en 2006. “Es evidente que el tema del Yasuní ha pasado factura pero no es el único. La cuestión es que el sector más derechista del partido se ha hecho con buena parte del poder ejecutivo y que influyen para romper con los movimientos sociales que propiciaron el nacimiento de la Revolución Ciudadana”, explica un profesor universitario que prefiere ocultar su nombre.
Estas organizaciones sociales se han convertido en una gran piedra dentro del zapato del Gobierno. Hace unas semanas, cientos de personas desfilaron por las calles de Quito exigiendo la despenalización de una ley del aborto rigurosamente prohibitiva en un país donde la influencia de la Iglesia sigue siendo capital. Sin embargo, el activismo urbano más incisivo ha crecido entorno al colectivo Yasunidos, un conglomerado de organizaciones ecologistas sobre quienes han llovido las críticas en cuanto se atrevieron a poner en duda las razones de Correa sobre el“mal necesario” que supone finiquitar la Iniciativa Yasuní.
“No sean vagos, recojan las firmas si tienen tanto apoyo”, ha dicho el presidente en más de una ocasión al referirse a la cruzada emprendida por este colectivo para forzar una consulta sobre el proyecto anunciado por el Gobierno. La campaña se ha extendido por todo el país con el único objetivo de recolectar las firmas de, al menos, el 5% del censo electoral. A expensas de la verificación oficial que comenzará el lunes, han logrado reunir 727.947, 145.000 rúbricas más de lo exigido para que la Asamblea Nacional convoque un referéndum.
Roque Sevilla fue el primer presidente de la comisión técnica de la Iniciativa ITT hasta enero de 2010 y está convencido de que no se celebrará la consulta. El motivo que aduce es que esta explotación “está ligada a la construcción de la Refinería del Pacífico, una obra de 12 millones de dólares que solo será rentable procesando los crudos pesados procedentes del ITT. Cuando era presidente de la comisión, hicieron una presentación del origen de los 100.000 barriles que necesitaría la refinería para funcionar y tengo los documentos que lo acredita”, asegura.
Una perspectiva global
Daniel Ortega es el representante de Ecuador en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y un experto ambientalista que conoce el Parque Nacional casi palmo a palmo, sus valles y ríos, y las trampas fatídicas de una selva frondosa donde perderse es fácil. En su opinión, el debate debería ser analizado desde una perspectiva más amplia: “La crítica no es Yasuní sí o no, sino qué se hace para frenar las emisiones evitables que producen el calentamiento global, por qué los países ricos no hacen nada para disminuir el consumo de recursos naturales pero exigen inversiones a los pobres”.
Ortega recalca que el compromiso internacional del Gobierno de Ecuador son las energías renovables para no depender del petróleo. “Pero sin colaboración internacional y sin tocar el crudo del Yasuní es muy difícil articularlo. Y lo digo con el corazón roto”, afirma.
Sin embargo, las dudas del proyecto de extracción presentado son más amplias. Correa ha garantizado que el impacto industrial “sólo afectará al 1 por 1.000” de la zona protegida y que los controles serán “permanentes e implacables”.
Uno de los promotores de la Iniciativa Yasuní ITT ferozmente crítico con esta decisión como Alberto Acosta ha levantado ampollas por sus comentarios contra esta versión sobre los insignificantes destrozos que causará el proyecto. El exministro de Energía del primer Gobierno de Correa califica de “mentiras” todas las garantías prometidas “porque no existe tecnología que lo pueda evitar”.
Para irritación del presidente, Acosta destapó que la exploración sísmica se realizará mediante el uso de dinamita y que en la explotación se utilizará el agua del grandioso acuífero que abastece a una vasta zona selvática. “La construcción de carreteras ya ha comenzado y el ruido que provocarán los vuelos constantes de helicópteros serán otros factores que terminarán liquidando un entorno frágil como el cristal de Bohemia”, asegura.
Daniel Ortega censura esta visión apocalíptica de Acosta “porque además de inexacta crea una peligrosa confusión en la opinión pública”. Ortega, que ha estudiado el proyecto que acometerá la empresa pública Petroecuador, indica que los beneficios sociales que se obtendrán serán mucho mayores que los daños que se produzcan. “Se ha exigido tecnología de última generación y se ha determinado que los Gobiernos Autónomos de la Amazonía reciban el 12% de los excedentes del proyecto”, sentencia.
Pese a la intensa campaña realizada por el Gobierno durante los últimos meses, el movimiento contra la explotación de la reserva ha crecido de forma imparable. Centenares de personas acompañaron el sábado al colectivo Yasunidos a la simbólica entrega de firmas en el CNE. El ambiente fue de luto, casi silencioso, pese a que los jóvenes que han desafiado al fuerte carisma de Rafael Correa y su maquinaria publicitaria han ganado la primera fase de la batalla. Indígenas waoranis, originarios de la Amazonía, compartían la cabeza de la marcha con kichwas, shuar y criollos.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Humberto Cholango, admitió que las comunidades amazónicas “preparan acciones para defender al Yasuní si el Gobierno rechaza una consulta” y censuró las referencias oficiales a su presunta violencia. Hace un mes, el presidente desdeñó la campaña de recogidas de firmas asegurando que nunca lo lograrían y acusó a sus promotores de crear “el colchón para crear incidentes”. Pero nada de eso ha sucedido aunque la selva está alerta.
