Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, en el que el ministro saliente Arias Cañete presumió del logro, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Decreto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo y se confirma que la entrada en vigor de la reserva de agua no trasvasable hacia el Segura, desde los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía, de 400 hectómetros cúbicos hm3 se hará de forma gradual en cinco años.
En efecto el artículo 26 de la parte normativa del Plan establece que “no se podrán efectuar trasvases, en ningún caso, cuando las existencias en dichos embalses no superen los 400 hectómetros cúbicos. Tal agua excedentaria puede ser trasvasada… “. Sin embargo la Disposición transitoria única del Decreto advierte que la entrada en vigor de esa reserva “se escalonará en el tiempo” de forma que “este nuevo nivel se alcance a lo sumo en cinco años”. La elevación desde los actuales 240 hm3 no trasvasables se hará a un ritmo de 32 hm3 anuales.
Esta reserva había sido presentada tanto por el Ministerio de Agricultura como por la Junta de Castilla-La Mancha como un gran logro, en la medida que supondría una garantía mayor que la preexistente y que supuestamente permite el mantenimiento de caudales en el Tajo aguas abajo y dar servicio de abastecimiento y regadíos.
La CHT consideraba ya vigente la reserva
Lo grave es que según la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), dependiente de ese mismo Ministerio, la reserva habría entrado en vigor “automáticamente” el pasado 8 de marzo, según nota de prensa que todavía puede consultarse en su web (ver documento)
Ello se debía a que se había alcanzado en los embalses de Entrepeñas y Buendía un volumen embalsado de 900 hm3 y se remitían a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, en la que como es sabido se incorporaron distintos aspectos relativos al Tajo en sus disposiciones transitorias como consecuencia de los acuerdos alcanzados en el denominado Memorándum del Tajo, firmado entre las comunidades autónomas ribereñas y las beneficiarias del Trasvase Tajo-Segura para darle rango de ley.
En concreto en el punto 3 de la disposición transitoria segunda de dicha Ley se establece que “si en el inicio o en cualquier momento del período transitorio se alcanzase un nivel de existencias embalsadas de 900 hectómetros cúbicos, tanto el nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos como la curva de condiciones excepcionales entrarían en vigor de forma inmediata”.
En la citada nota de prensa de la CHT se certificó que el 8 de marzo de 2014, se había alcanzado un volumen embalsado conjunto en Entrepeñas y Buendía de 900 hm3, “por lo que en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental queda automáticamente establecido el umbral mínimo no trasvasable de 400 hm3 de manera permanente”, se decía textualmente.
Ahora el Decreto que aprueba el Plan confirma que se corrige la interpretación de la CHT y todo indica que se ha esperado a que los niveles de los embalses de cabecera estén por debajo de los 900 hm3 (ahora están a 894 hm3) para aprobar el Plan y así dilatar cinco años la entrada en vigor de la reserva de los 400 hm3 no trasvasables, desde los 240 hm3 actuales, a un ritmo de 32 hm3 anuales.
Hay que tener en cuenta que la aprobación del Decreto en Consejo de Minisitros y su publicación era un simple trámite esperado desde que se dictaminara por el Consejo Nacional del Agua el pasado 26 de diciembre, hace por lo tanto más de tres meses.
Insuficiencia de la reserva de 400 hm3
Y lo peor es que ni siquiera está claro que esa reserva no trasvasable, ahora convertida en objetivo “gradual” vaya a suponer una gran mejora.
Quienes critican el supuesto logro de la reserva no trasvasable apuntan en primer lugar a la incertidumbre sobre lo que realmente embalsan Entrepeñas y Buendía, pues sospechan que la colmatación o aterramiento ha reducido su capacidad y ello distorsiona los datos.
Por otra parte destacan las excepciones previstas en años secos, que permitirían trasvasar incluso sin mantener ese mínimo y finalmente que la reducción de demandas aguas abajo, sobre todo por la reducción legal de caudales mínimos circulantes y en regadíos (una vez abierta la puerta a la venta de derechos al Levante), harán que quede más agua en cabecera disponible para el trasvase. Y más si se lleva a cabo el multimillonario proyecto de desvío de aguas procedentes del Jarama (recicladas, fundamentalmente) para su almacenamiento estratégico en el embalse de Finisterre y así suplir en épocas de estiaje los aportes desde la cabecera.
