Ninguna crisis entre los dos partidos que gobiernan Andalucía (PSOE-A e IU) ha sido tan grave -ni tan pública- como la originada por la gestión de los realojos de las familias de la Corrala Utopía, pero las dos formaciones han vivido momentos de desacuerdo en estos dos años de Gobierno; sobre todo, cuando los temas tratados estaban fuera del pacto firmado por ambas partes. No es casual tampoco que las relaciones se hayan complicado desde que Susana Díaz relevó en la presidencia a José Antonio Griñán hace más de medio año con quien Diego Valderas tenía buena sintonía. Aunque las consejerías controladas por IU no han cambiado mientras que gran parte del equipo del PSOE-A sí se ha renovado, el cambio sustancial ha llegado con el empuje de la fuerza mayoritaria, con una presidenta en plena efervescencia y un tirón que hacía tiempo que no tenía un político en el PSOE y a nivel nacional.
De hecho, las diferencias entre los dos socios han comenzado a dar la cara a raíz de la irrupción en la primera fila de Susana Díaz, a lo que hay que añadir el relevo al frente de IU, cuando Antonio Maíllo ha tomado las riendas de la coalición de izquierdas. Diego Valderas, que continúa como vicepresidente y consejero de Relaciones Institucionales y Administración Local, está jugando un papel que durante esta crisis está siendo el de la prudencia e intento de dialogar para salvar el pacto frente a las posturas más beligerantes de su propia formación. De fondo, los intentos de la federación para no sucumbir al abrazo del oso y reivindicar unas políticas diferenciales y más de izquierda, así como demostrar que es un partido de gobierno capaz de asumir las reglas del juego; y un PSOE-A que lucha por mantener el equilibrio de fuerzas que pelean, con matices, por un mismo espacio electoral. Enfrente, una oposición que acusa a la Junta de Andalucía de ser "rehén" de la coalición de izquierdas y que aviva cualquier desacuerdo.
Frente a un Diego Valderas en retirada y claramente defensor del pacto y de la oportunidad que IU tiene de gobernar -el único gobierno con IU en una autonomía y precisamente en la más poblada del país- está un Antonio Maíllo llamado a reivindicar el protagonismo de la formación y en posible clave de campaña. La cercanía de las elecciones europeas -los primeros comicios en dos años- no han contribiudo a templar la relación de los últimos meses, caracterizada por una permanente reivindicación de celeridad por parte de IU en el cumplimiento del pacto, sobre todo en la aprobación de leyes, porque sólo se ha enviado al Parlamento de Andalucía una de las 28 incluidas en ese acuerdo, la de transparencia. Como manifestaba gráficamente esta semana el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, el "vendaval" legislativo que promete el PSOE-A se puede quedar en un "soplo". Entonces, la presidenta, le prometía que no iba a ser así. Todavía no había terminado de estallar la crisis de la Corrala Utopía.
Esta crisis es la más grave, pero el pacto ha sufrido altibajos en estos dos años, aunque siempre han trasladado una clara voluntad de consenso y diálogo por ambas partes, y se han enmarcado dentro de la "normalidad" del Gobierno. Éstas son algunas de las diferencias anteriores más importantes escenificadas por los dos socios, y que han trascendido más allá de las puertas de las negociaciones internas.
Banco de tierras. IU defendía la puesta en marcha de esta medida para la expropiación de fincas que no fueran productivas. Incluso presentó un borrador del proyecto. La presidenta lo dejó en un "observatorio de tierras" para estudiar la situación de las fincas públicas, lo que desde algunos sectores de IU se interpretó como un "sucedáneo". La coalición de izquierdas se conformó con que se incluyeran tres millones de euros en los presupuestos autonómicos de 2014 para este proyecto, que en realidad poco se sabe en qué consiste.
Impuesto sobre las grandes superficies. Es la medida que de manera más tajante ha defendido IU los últimos meses para gravar a las grandes superficies e invertir lo recaudado con estas tasas en la reactivación del pequeño comercio. Se convirtió en el gran lastre en la última negociación de los presupuestos autonómicos desde septiembre de 2013. Finalmente, la coalición de izquierdas ha tenido que renunciar a este empeño, porque además, según insiste el PSOE-A, no está en el pacto que firmaron las dos formaciones. Susana Díaz ha dicho que mientras las grandes superficies mantengan el actual nivel de empleo, no se lo plantea. "No se va a subir la presión fiscal", ha prometido.
Garantía de servicios básicos. En noviembre de 2013, Diego Valderas anunció que el Consejo de Gobierno aprobaría una garantía de suministros básicos (luz y agua) para las familias sin recursos. Sin embargo, después de hacer público este anuncio, no entró en el orden del día. Todavía seguía negociando IU incluirlo en un nuevo decreto de lucha contra la exclusión social. Tras este anuncio, la presidenta dijo abiertamente que no iba a consentir "titulares a costa de los más débiles" y que vinculaba este tipo de medidas a una decisión del Gobierno de la Nación. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, llegó a decir que era mejor que no se pronunciara sobre el tema porque sería "contraproducente" lo que enfadó sobremanera a IU.
