El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha asegurado este viernes que el pacto de gobierno con el PSOE-A sufre una "suspensión momentánea" por la "crisis de gobierno" abierta por la retirada de competencias a la Consejería de Fomento para la adjudicación de vivienda protegida y ha exigido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que derogue el decreto publicado esta mañana para restituir las competencias del departamento que dirige Elena Cortés.
Maíllo se ha pronunciado de este modo durante un receso de la reunión que la dirección colegiada de IULV-CA celebra en el Parlamento desde hace cerca de cuatro horas y en la que participan, entre otros, el coordinador general de IU, Cayo Lara, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, o la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés.
Decreto publicado menos de 24 horas después de su firma
Desde este viernes está en vigor el decreto de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, por el que retira la competencia en materia de adjucación de vivienda protegida a la Consejería de Fomento y Vivienda. Figura publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 11 de abril de 2014. Lo firmó este jueves y se ha publicado un día después, pese a que a veces estas tramitaciones tardan varias jornadas y había quien apostaba porque pasaría el fin de semana sin que entrara en vigor.
El decreto se publica en medio de la negociación para intentar salvar el pacto de gobierno que el jueves terminó sin solución tras casi 12 horas de reunión. Se iba a retomar este viernes por parte del comité de enlace. Sin embargo, se ha suspendido, aunque las dos fuerzas que gobiernan en Andalucía (PSOE-A e IU) han señalado a lo largo de la mañana que siguen negociando "por teléfono". Para IU, la publicación del decreto ha supuesto órdago y una "provocación". IU insistía en su retirada, pero también hay quien piensa en la coalición de izquierdas que todo se reconducible. Bastaría con retirarlo, porque en cualquier caso la presidenta dijo que era "provisionalmente".
La decisión se ha adoptado después de que Fomento y Vivienda continuara adelante con su plan para realojar a la veintena de familias que habían sido expulsadas el pasado domingo de la conocida como Corrala Utopía, un inmueble de la avenida Juventudes Musicales de Sevilla que ocupaban desde el 15 de mayo de 2012. Eso, pese a las órdenes contrarias de la presidenta que tenía dudas legales sobre el procedimiento. Susana Díaz intuía que se podía incurrir en prevaricación si no estaban perfectamente documentados los informes de los servicios sociales que acreditaran que era un caso de emergencia y de riesgo de exclusión social frente a otras personas que están en los registros de demandantes a la espera. La polémica ha estallado con la consejera del ramo, Elena Cortés, de viaje por Colombia y Panamá. Tras su llegada a España, se ha incorporado a la reunión de la dirección colegiada de IULV-CA.
