Casi después de 12 horas reunido y con algún receso, el comité de enlace del PSOE-A e IU, socios del Gobierno de Andalucía, ha concluido este jueves sin un acuerdo que ponga fin a la crisis abierta por la gestión de la Corrala Utopía, con la sensación de que la posibilidad de ruptura total sigue abierta, según han manifestado fuentes de la negociación. Las dos formaciones volverán a reunirse este viernes -probablemente desde primera hora pero ninguna ha querido confirmarlo- para intentar salvar el pacto de gobierno después de que la Consejería de Fomento y Vivienda, controlada por IU, procediera al realojo de las familias que ocupaban el inmueble conocido como Corrala Utopía en Sevilla sin atender a las órdenes de la presidenta, Susana Díaz, de parar el proceso dadas las dudas sobre la legalidad del mismo, por no haberse contemplado las listas de espera de demandantes de viviendas protegidas.
Tanto el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, como el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, dos de los miembros del comité de enlace, han confirmado que siguen las "discrepancias" y que la negociación se está desarrollando con "dificultades" para llegar a un acuerdo que salve el pacto de gobierno, enfrentado a la mayor crisis en dos años.
Las costuras de una alianza sometida a los habituales vaivenes de un bipartito han saltado por el realojo de las familias de la Corrala Utopía puesto en marcha por la coalición de izquierdas, que controla la Consejería de Fomento y Vivienda. El PSOE-A pretende que IU reconsidere que "se ha equivocado" y asuma el coste de reconducir la situación: se trata de decirles a algunas de las familias que han sido realojadas que no todas tienen derecho a estas VPO. IU, por su parte, se agarra a la legalidad de la medida y, sobre todo, quiere que la presidenta, Susana Díaz, retire el decreto que ha firmado este jueves y por el que, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), les dejaría sin las competencias en materia de adjudicación de VPO.
El PSOE-A está convencido de que la fórmula elegida por IU -realojar a estas personas en VPO de su titularidad y en otras que ha alquilado- no ha seguido los procedimientos que hay establecidos. Por eso justifican el decreto. Sin embargo, IU cree que esta decisión es "desmedida" y se remite a informes que avalan la situación de emergencia -y sobre todo al auto del Juzgado de Instrucción número 3 que ordenó el desalojo del inmueble que ocupaban estas familias en la capital hispalense- para hablar de que "no es una adjudicación" en la que se haya "primado la patada en la puerta" frente a la listas de demandantes, sino una solución "provisional" por "riesgo de exclusión social".
Se ha rebajado el tono en las posturas, pero no terminan de perfilar la salida menos dañina para ambos y sobre todo para la imagen del Gobierno de Andalucía en el que, de momento, IU quiere seguir, pese a los amagos de ruptura por parte de algunos miembros de la coalición de izquierdas. Por eso Antonio Maíllo ha subrayado que "un decreto que no se publica no es un decreto", en el sentido de quitar fuerza al golpe sobre la mesa de la presidenta con esta decisión.
"La metedura de pata es de ellos. Tienen que asumirlo", aseguraba en cambio un socialista. Mientras, un dirigente de IU apuntaba que en la coalición de izquierdas "hay quien no está dispuesto a seguir tragando sapos". Entiende que en una materia tan delicada como la vivienda, la coalición de izquierdas no puede permitirse "quedar como que lo ha hecho mal, sobre todo después de haber sido artífice de la norma más valiente aprobada hasta ahora", en referencia a la Ley de la Función Social de la Vivienda, recurrida en el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Nación.
En la negociación que está intentando recomponer la situación participan también el consejero de Relaciones Institucionales y Administración Local, Diego Valderas; los portavoces parlamentarios del PSOE-A, Mario Jiménez, e IU, José Antonio Castro; y el secretario de Organización del PSOE-A.
Cabe recordar que la crisis estalló después de que el miércoles la Consejería de Fomento y Vivienda comenzara a realojar a la veintena de familias que habían sido expulsadas el pasado domingo del bloque de pisos propiedad de Ibercaja que desde hacía casi dos años ocupaban en la capital hispalense. Desde presidencia se dio orden expresa de parar el proceso a la espera de contar con todos los informes que avalaran el riesgo de exclusión social y la legalidad de la medida. Esos informes son los que en esta reunión exige el PSOE-A a IU que muestra para comprobar si efectivamente puede tener una salida airosa.
