Reclamar ante el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es ahora más difícil que hace solo unos meses, aunque solo aparentemente. Las resoluciones que reciben ahora los trabajadores les comunican que, en caso de querer reclamar la cuantía de sus indemnizaciones, deben dirigirse directamente a los juzgados de lo social. Es un cambio respecto a lo que sucedía antes, cuando se les informaba de que tenían un año para reclamar primero ante el Fogasa y, después, otros ocho años para acudir a los tribunales de lo social.
Hasta ahora, el Fogasa comunicaba a los trabajadores la resolución de su expediente. Al final de la hoja, el organismo les informaba de que tenían la posibilidad de reclamar (en caso de que no estuviesen conformes o consideraran que se había cometido algún error): para ello, tenían el plazo de un año para acudir a una oficina del Fogasa y, una vez presentada esa reclamación, otros ocho para acudir a la vía judicial.
Sin embargo, las resoluciones han eliminado ahora la parte que informa a los trabajadores de que tienen la posibilidad de reclamar ante las oficinas del Fogasa. Les informa, directamente, de que contra la resolución puede interponerse "demanda ante el Juzgado de lo Social competente en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación", según una resolución fechada en enero procedente de una unidad administrativa a la que ha accedido eldiario.es. Los juzgados de lo social están, además, colapsados ante la avalancha de casos y la falta de medios.
"En las oficinas se siguen aceptando reclamaciones, porque no pueden cambiar la norma así porque sí. Lo que sí hay es una decisión que pretende que la gente vaya directamente a los juzgados de lo social a dirimir sus conflictos laborales. En la resolución hay una orientación clara: no se menciona la posibilidad de que la gente reclame directamente ante el Fogasa, ocultan esa opción aunque sigue existiendo", afirma el secretario general de la Sección Sindical Estatal de CCOO en el Ministerio de Empleo, Josetxo Gándara.
Hay, además, un recorte de los plazos: si antes cualquier persona que quisiera reclamar ante el organismo tenía un año para hacerlo, ahora solo tiene dos meses para acudir a los tribunales. "Muchas veces, las personas que llegan al Fogasa ya están desvinculadas de la empresa, necesitan tiempo para asesorarse o buscar una segunda opinión", señala Gándara.
El Fogasa es un organismo público que depende del Ministerio de Empleo y que se encarga de gestionar los expedientes y sufragar las indemnizaciones y los salarios de los trabajadores de empresas que se hayan declarado insolventes o en concurso de acreedores. En septiembre, Empleo externalizó los 180.000 expedientes atrasados que acumulaba el organismo a la empresa pública Tragsatec por un importe de 3,5 millones de euros, una decisión muy criticada por los sindicatos, que llevan años reclamando más medios.
