La investigación de la financiación irregular del PP alcanzó hoy un hito con el informe de la Policía sobre los presuntos pagos en negro para reformar la sede de Génova. Dicho informe se ha elaborado cruzando los datos obtenidos en el registro del 'cuartel general' de los conservadores y los incautados en la empresa a cargo de las obras. Una vez estudiado, el juez Pablo Ruz concluye "aún con mayor fundamento" que hay indicios de que ha existido en el seno del PP una corriente de fondos que el partido ocultó al Tribunal de Cuentas, es decir, una 'caja b' nutrida de dinero negro.
Esa "corriente de pagos y cobros continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas, entre otros extremos pendientes de indagación habría sido utilizada en el presente caso para atender a determinados pagos al arquitecto Gonzalo Urquijo, responsable de la empresa Unifica, encargada entre los años 2005 y 2011 de la ejecución de diversas obras de reforma y remodelación de la sede principal de la referida formación política", recoge el auto del juez.
Esos pagos al arquitecto de Génova, continúa el instructor, "no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o 'b' de la que eran presuntos encargados los imputados Luis Bárcenas Gutiérrez y Álvaro Lapuerta Quintero". Esas cantidades, en total 880.000 euros, salieron con cargo al "remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada caja b del partido".
Como consecuencia de estas nuevas averiguaciones, el juez Ruz cita como imputados a tres colaboradores de Gonzalo Urquijo (Laura Montero Almazán, María Rey Salinero y Claudio Montero), que deberán declarar en la mañana del 7 de mayo. Como testigos declararán ese mismo día otras dos empleadas de Unifica (Ester D'Opazo y Noelia Fernández), así como el antiguo jefe de seguridad de Génova y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente, y el cajero del Partido Popular Luis Molero.
