España se ha convertido en un país de derechos desiguales según donde se viva. Dos personas iguales. Llegadas de la misma manera y con idéntica situación legal verán su derecho a la salud protegido de muy distinta manera si su peripecia vital la llevó a Madrid, Toledo, Barcelona o Sevilla.
Si un inmigrante sin permiso de residencia termina en Baleares, Madrid o Castilla-La Mancha estará en las zonas donde peor se le tratará a la hora de acceder a la Sanidad. Si ha alcanzado Andalucía o Asturias, sus derechos son mayores.
La inequidad ha venido de la mano del decreto de medidas urgentes que redactó el Gobierno para "garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud" y que, de hecho, negaba el acceso sanitario a los extranjeros en situación irregular. Sólo las urgencias, los menores y las embarazadas están cubiertas. Tras 24 meses, la ONG Médicos del Mundo ha hecho un recorrido por las Comunidades Autónomas para atestiguar este ranking de la desigualdad.
Expulsión del sistema
En Castilla-La Mancha el Ejecutivo que dirige María Dolores de Cospedal (PP) aplica el decreto a rajatabla. Sólo acepta atender a inmigrantes sin papeles en las excepciones incluidas por el Ministerio de Sanidad. Con todo, Médicos del Mundo asegura haber certificado "17 casos de mujeres embarazadas y 56 menores de edad a quienes se
les negó la atención médica o la tramitación de la tarjeta sanitaria".
Madrid. La exclusión de los inmigrantes sin permiso de residencia ha sido la tónica en la región gobernada por Ignacio González (PP). Eso y la confusión para aceptar en el sistema de salud a las personas cubiertas. Médicos del Mundo asegura que "se multiplican incesantemente los casos de personas que se ven excluidas de la atención sanitaria". Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2013, la organización acumuló más de 400 casos entre los que "240 eran de personas que sí tenían tarjeta sanitaria antes de la entrada en vigor del decreto".
Islas Baleares. Ya antes de que la ministra de Sanidad Ana Mato redactara la exclusión de inmigrantes irregulares el Govern había "iniciado una serie de prácticas que restringía el acceso como la retirada de las tarjetas sanitarias próximas a caducar y la paralización de la emisión de nuevas aún a pesar de que las personas solicitantes tenían derecho legal a la asistencia", explica la revisión de Médicos del Mundo. Según este informe, cientos de personas se han visto obligadas a firmar compromisos de pago en la urgencias, menores y embarazadas no han podido recibir atención médica. "20.000 personas en situación administrativa irregular no han tenido atención sanitaria normalizada".
Médicos del Mundo asegura que en La Rioja, Murcia y Castilla y León no hay programas o medidas específicos de acceso a la atención sanitaria alternativos al Real Decreto-Ley 1672012, aunque amparen algunas excepciones como los pacientes con enfermedades que hieran la salud pública o transtornos mentales severos.
Programas especiales
En diez comunidades autónomas, los Ejecutivos regionales han puesto en marcha programas especiales para ampliar de alguna manera los derechos de las personas inmigrantes a los que la norma estatal abocaba a la indefensión. Asturias y Andalucía les reconocen las mismas condiciones que a los residentes. En Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia se han diseñado una panoplia de programas. El resultado, como analiza Médicos del Mundo, es un "menú variado" que consagra de hecho la desigualdad.
Y aunque la mayoría de Comunidades Autónomas hayan diseñado normativas o procesos para que la población sin permiso de residencia no quede fuera de la sanidad pública, la barrera burocrática está minando ese derecho. El informe de Médicos del Mundo acumula algunos ejemplos de fracaso más que de éxito. En Galicia, el Plan de protección social ha conseguido que 1.470 personas superen los trámites. En Aragón, 500 inmigrantes se incorporaron al Plan de Protección Social de la Salud cuando 12.615 habían perdido su tarjeta sanitaria. En Canarias han sido, hasta la fecha, 145 de las 48.000 tarjetas sanitariaas retiradas.
Pagar un seguro médico 'público'
Los inmigrantes que vivan en Cantabria y la Comunidad Valenciana están sujetos a una normativa publicada en la que los Gobiernos cobrarán unas cuotas mensuales para tener derecho a ir al médico. Los precios oscilan entre los 60 euros para menores de 65 años y los 157 para aquéllos que superen esa edad. Es un seguro médico público para cubrir gastos a pesar de que la sanidad se financia con los impuestos no con cotizaciones específicas. "Estas dos normas autonómicas no introducen medios para reducir la barrera económica que impone la obligación de abonar una cuota", remata el documento.
