La Policía Nacional ha ejecutado este domingo desde primera hora de la mañana el desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida Juventudes Musicales de la capital hispalense, lo que se conoce como Corrala Utopía. Una docena de furgones policiales y varias ambulancias rodearon el edificio para expulsar a las familias que desde hacía casi dos años vivían en este inmueble propiedad de Ibercaja. De hecho, uno de los habitantes del inmueble tuvo que ser recogido por una ambulancia, dado su delicado estado de salud, que le provocó un "ataque de ansiedad", según comentaba a eldiario.es/andalucia su hija, Toñi.
"La policía ha venido muy temprando y nos ha dicho que nos pongamos a recoger las cosas, por lo que lo estamos haciendo. Se están portando", relataba esta mujer mientras se producía el desalojo. Los agentes les habían pedido a los vecinos que se fueran identificando y luego les dieron un tiempo para recoger. Sólo derribaron las puertas de las viviendas que estaban ya vacías, mientras que los vecinos están procediendo al desalojo sin resistencia. En total han sido desalojadas 25 personas, entre ellas varios menores, porque semanas atrás otras familias se habían marchado ya para evitar el trance de este desalojo.
Durante la operación ha permanecido cortado el tráfico en la avenida sentido SE-30, desde la glorieta del Alamillo hasta la de San Lázaro. Varios activistas pro derechos humanos y en contra de los desahucios intentaron por su parte cortar el tráfico por otro punto, pero esta protesta fue frustrada por la Policía Nacional. Es más, como consecuencia de las protestas que se han ido sucediendo a lo largo de toda la mañana, hay un joven detenido por supuesto atentado contra agentes de la autoridad.
De todas maneras, esto no ha frenado el ánimo reivindicativo, y por varios puntos del centro de Sevilla han ido sucediéndose las protestas, incluso una pequeña manifestación de apoyo a estas familias que ha estado escoltada por policías nacionales y que ha pasado por la Alameda de Hércules y la plaza del Pumarejo, entre otros. puntos. Mientras, un grupo de vecinas que vivían en la corrala se habían encerrado en la Catedral de Sevilla de manera indefinida, pero fueron desalojadas poco después por la Policía Nacional. "Nuestra protesta va a seguir en la calle", avisan.
Estas familias sabían que el desalojo podía producirse en cualquier momento desde febrero, aunque parecía frenado por la voluntad de las partes de buscar una solución para un realojo pacífico de la treintena de personas que habitaban en este inmueble desde hace casi dos años. La orden del juzgado no se había llegado a ejecutar todavía porque la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, con la mediación de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, estaban negociando con Ibercaja (propietaria del inmueble) una solución. La solución pasaba por el realojo de las familias por parte de la Junta de Andalucía en un plazo aproximado de siete meses.
En este sentido, fuentes conocedoras de la negociación han criticado que la Delegación del Gobierno en Andalucía se había comprometido a no ordenar la ejecución del desalojo hasta que hubiera una alternativa para estas familias, lo que finalmente no ha ocurrido. Se les ofrece alojarse en el albergue municipal de Sevilla, pero es una solución temporal y no está claro que todas las familias vayan a aceptarla. De hecho, no se descarta que algunas terminen ocupando otro edificio vacío de la ciudad.
En todo caso, desde la Consejería de Fomento y Vivienda han manifestado que estaba próximo el acuerdo para que Ibercaja asumiera el realojo de estas personas mientras la Junta de Andalucía les otorgaba un domicilio de manera más definitiva. El desalojo ha hecho cambiar las cosas de un día para otro, porque Ibercaja ya no es actor en este conflicto una vez que ha conseguido liberar sus viviendas.
Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad del edificio, a cuenta de la usurpación de las mismas.
Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica. Por su parte, Ibercaja ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas Llaves solidarias, incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.
