El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, pagó cuotas de militante del Partido Popular mientras ya se encontraba en el cargo, según un documento del sumario del caso Bárcenas que publica el diario El País. En este listado aparecen aportaciones hechas por Pérez de los Cobos por una cantidad de 37,14 euros anuales, una cifra que coincide con la cuota mínima que pagan los militantes en Barcelona.
El artículo 127 de la Constitución señala que los jueces, magistrados y fiscales no podrán, mientras se hallen en activo, pertenecer a partidos políticos y sindicatos. En el artículo 159 también se fijan las incompatibilidades de los miembros del alto tribunal, como estar afiliado a un partido. Algo que también prohíbe el artículo 395 de la ley Orgánica del Poder Judicial: “No podrán los Jueces o Magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos”.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial y se rige por sus propias normas. Además, el artículo 159 de la Constitución establece que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible "con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos", sin referirse a la simple militancia.
Francisco Pérez de los Cobos fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional el 29 de diciembre de 2010 y el listado en el que está incluido recoge las aportaciones de donantes y afiliados del PP entre 2008 y 2011. La portavoz oficial del magistrado no ha dado explicaciones y ha asegurado que la práctica general del tribunal es no hacer valoración alguna.
Según varias fuentes, Pérez de los Cobos no planteó causa de incompatibilidad alguna por su afiliación política. La falta de explicaciones ha impedido comprobar si el magistrado sigue pagando la cuota como miembro del PP.
El Partido Popular ha admitido la veracidad de los datos que contiene el listado, aunque fuentes oficiales subrayan que la elaboración no es propia y se la atribuyen a la Agencia Tributaria.
