El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de ley del Poder Judicial con dos ejes fundamentales: la ampliación de la capacidad del Tribunal Supremo para dictar jurisprudencia y la creación de la instrucción colegiada, que pretende que ciertas investigaciones judiciales las dirijan tres jueces. Además, la propuesta del Gobierno elimina la existencia de los jueces de paz y establece una "oposición de segundo grado" para jueces especializados.
El proyecto elaborado por el Ministerio de Justicia contempla la creación de la instrucción colegiada a través de la cual ciertas causas serán investigadas por tres jueces en vez de uno, como hasta ahora. Alberto Ruiz Gallardón ha explicado que esos casos dependerán de factores como complejidad, el volumen o el número de imputados. Los casos que se adaptarían a la "instrucción colegiada" son los de la Audiencia Nacional, como el 'caso Gürtel', que instruye el juez Pablo Ruz.
La medida supondría que los tres jueces tendrían que ponerse de acuerdo para las actuaciones judiciales a llevar a cabo durante la investigación. El Gobierno considera que así se diluye "la presión sobre el juez único favoreciendo la corresponsabilidad".
Gallardón justifica el cambio en la necesidad de reducir la duración de las instrucciones de los casos, que es el "reproche" que realizan los ciudadanos. "El reproche que recibimos de los ciudadanos no es en el momento del enjuiciamiento, que tarden mucho los juicios. El juicio oral la gente lo comprende. El reproche viene por la duración de la instrucción", ha expresado. Una de las formas en que se aceleraría la instrucción es la capacidad de "repartirse multitud de pruebas", según el titular de Justicia.
El Gobierno pretende también ampliar la capacidad de actuación del Supremo, que podrá dictar jurisprudencia vinculante sobre cualquier asunto que esté recogido en el ordenamiento jurídico, según ha explicado el ministro, para quien la reforma legislativa va a "reforzar el papel del Supremo, el gran activo de la Justicia en España". Entre los casos que podrá asumir el alto tribunal estarán incluidas las multas de tráfico.
Otro de los cambios legislativos, que ahora tendrán que superar el trámite parlamentario, es la supresión de los jueces de paz. Gallardón ha justificado esta decisión en la desaparición de las "faltas". "Se suprimen las faltas por lo que pierden interés", ha señalado el ministro en relación a esta figura.
Gallarón también ha defendido que el anteproyecto persigue profesionalizar la justicia y evitar que la "interina" se "institucionalice". En este sentido, también ha eliminado las distintas catergorías: jueces, magistrados y magistrados del Supremo: "Todos serán jueces, pero podrán mantener el carácter de magistrados quienes lleven más de seis años en el Poder Judicial".
También ha anunciado que los jueces podrán someterse a una "oposición de segundo grado" para especializarse y tener prioridad en el ascenso dentro de la carrera judicial. "La provisión de plazas está marcada por antigüedad y la especialización", ha afirmado Gallardón, que ha puesto como ejemplo que aquellos magistrados que se especialicen en lo contencioso-administrativo "tendrán preferencias para ocupar esos puestos hasta llegar al Supremo".
