La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán al que acusa de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal, en el marco de la causa que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores.
El Ministerio Público solicita, además, 8 años para el liquidador de empresas Ángel de Cabo, que se encargó de la operación de vaciamiento, y 8 años y nueve meses para el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz de Santamaría. Por su parte Iván Losada, número dos de De Cabo, se enfrenta a una petición fiscal de 4 años y tres meses.
El fiscal Daniel Campos acusa de delitos de alzamiento de bienes y concurso fraudulento a otras 7 personas. Tanto Díaz Ferrán como De Cabo se encuentran en prisión provisional por esta causa.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la detención de 9 personas en diciembre de 2012, en el marco de una operación Crucero, que se inició a raíz de tras una denuncia presentada en febrero de ese año por las mayoristas AC Hoteles, Melià, Pullmantur y el Grupo Orizonia.
El fiscal asegura que Díaz Ferrán poseía, junto al fallecido Gonzalo Pascual, un grupo de sociedades cuya cabecera era Viajes Marsans y que agrupaba a otras 117 empresas, a través de Holdisan y Parihol, dedicadas al sector turístico y del transporte.
El grupo empresarial empezó a acumular deudas que comprometían gravemente la viabilidad --dice el escrito de conclusiones preliminares de la Fiscalía-- lo que desencadenó que, a partir de diciembre de 2009, el Consejo de Administración fuera sustituido por dos administradores solidarios y que pasara a venderse, en 2010, al empresario Ángel de Cabo.
La situación derivó en la salida a concurso de Viajes Marsans y otras empresas, en los que se determinó que el déficit patrimonial de la empresa superaba los 270 millones mientras que la deuda de Díaz Ferrán alcanzaba los 413 millones y la de Pascual los 313.
"Altísimo nivel de vida"
"Tan lamentable situación patrimonial, que afectaba tanto al grupo empresarial como al patrimonio personal de sus titulares, amenazaba el altísimo nivel de vida que hasta entonces ambos llevaban por lo que decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían abocados la mayor parte de los bienes, mediante un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, en evidente perjuicio de los acreedores", dice el fiscal.
Díaz Ferrán y Pascual transmitieron a De cabo la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que éste abonara cantidad alguna, si bien debía pagarles 8 millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales "con lo que podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia".
El fiscal describe el proceso de despatrimonialización de las sociedades adquiridas, dirigido a vaciar de cualquier activo realizable. Para ello pusieron a otros miembros del grupo en nómina de las sociedades, se hicieron con los vehículos de alta gama y yates de lujo de los que disponían, vaciar las tesorerías o comprar las viviendas de las que disponían Díaz Ferrán y Pascual.
Fuera del alcance de los acreedores
Tras asumir De Cabo el control de las sociedades, se transmitió la propiedad de los bienes "a fin de ponerlos fuera del alcance de los acreedores". El fiscal menciona entre las operaciones irregulares detectadas la "distracción" de un crédito que contra la compañía Airbur tenía Astra Worldwide, la explotación ilícita de la compañía de transportes Trapsa y la cesión de la sociedad Trapsayates.
El fiscal Campos destaca también que se realizaron "importantes extracciones de efectivo" en las cuentas de la empresa Trapsatur y se vació la tesorería generada por Naturaleza y Turismo.
La Fiscalía acusa también a otras siete personas: la esposa de De Cabo, Consuelo Garrido (dos años y nueve meses), el hermano de éste Teodoro Garrido (4 años y 3 meses), la secretaria del empresario, Susana Mora (4 años y 9 meses), el financiero Carmelo José Estelles (6 años y 3 meses), el empresario del transporte ligado a De Cabo, Antonio García Escribano (4 años y 3 meses), el testaferro José Enrique Pardo (4 años y 3 meses) y el fiscalista Rafael Tormo (4 años y 9 meses).
