La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha declarado nulo del Expediente de Regulación de Empleo, presentado por Tragsa, por lo que decreta la admisión de los trabajadores despedidos y condena a la empresa a pagarles los salarios dejados de percibir este tiempo, según una sentencia conocida hoy. Se trataba del mayor ERE hecho nunca en una empresa pública.
El expediente de regulación de empleo de Tragsa contemplaba un ajuste de 726 trabajadores de los cuales 150 ya han sido despedidos, mientras que en el caso de su filial Tragsatec, los depidos ascendían a 610. En el caso de Tragsa, el ERE acabó con acuerdo entre la empresa y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT. Sin embargo, la asamblea de empleados rechazó el acuerdo y los sindicatos desistieron de él y denunciaron ambos despidos colectivos.
La Audiencia Nacional considera ahora que no se puede aplicar a Tragsa el criterio de "insuficiencia presupuestaria" que incluyó la reforma laboral en el caso de los ERE en las administraciones y empresas públicas. La sentencia dice que, tal y como señala la norma, la insuficiencia presupuestaria debe de ser sobrevenida, algo que no se cumple en este caso.
Para justificar el despido colectivo, Tragsa alegó una drástica caída de los ingresos que le llevarán a incurrir en unas pérdidas de 17 millones de euros al final de este ejercicio, y argumentó que el coste de personal, principal partida de gasto, no se ha reducido acorde a la fuerte caída productiva y al descenso de la cifra de negocio.
La Sala de lo Social también cuestiona la forma en que se seleccionó a los trabajadores que iban a ser despedidos, sin respetar los criterios de mérito y la capacidad de los empleados. Además, ha recordado que, en el caso de las administraciones públicas "es exigible una precisión mucho más estricta que permita la determinación de los trabajadores afectados sin acudir a decisiones arbitrarias o discrecionales sin relación con los principios de mérito y capacidad".
En este supuesto, la sentencia señala que "los criterios no han sido fijados en el periodo de consultas ni en su momento inicial ni en la decisión final, siendo totalmente imprecisos y permitiendo múltiples aplicaciones".
La sentencia constata que Tragsa y Tragsatec forman un grupo de empresas a efectos laborales, ya que la estructura organizativa es común a ambas y no se reduce solo a una coincidencia entre las personas que ejercen los cargos, sino a una "actuación unitaria" en su gestión y objetivos.
Parte de la SEPI
El grupo, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), se dedica a labores administrativas, prestación de servicios de emergencia, e ingeniería y asistencia técnica, entre otros.
En los últimos meses Tragsatech (filial de Tragsa) ha logrado al menos dos significativos contratos procedentes de la Administración Pública: la gestión de la bolsa de expedientes atrasados del Fogasa y la adjudicación de becas del Ministerio de Educación.
Los sindicatos denunciaron que el grupo contrató a personal externo para llevar a cabo estos trabajos, en lugar de emplear a la propia plantilla.
