Saber con exactitud cuántos desahucios se producen en España cada año no es tarea fácil: los datos son confusos y, muchas veces, incompletos. A esta nube de cifras se suma las que el Consejo del Poder Judicial ha publicado hoy: según el CGPJ en 2013 tuvieron lugar 67.178 desahucios ordenados por los Juzgados de Primera Instancia y Mixtos, esto es, 184 al día. Esta cifra incluye todo tipo de inmuebles (no solo viviendas) y desahucios solicitados que pueden no haberse ejecutado.
El CGPJ asegura que es la primera vez que los lanzamientos se miden de esta forma, por lo que los datos no son comparables con los de años anteriores. Según los últimos datos del Banco de España, en los primeros seis meses de 2013 se realizaron 19.567 entregas judiciales de una vivienda hipotecada, casi tantas como en todo 2012.
De los 67.189 desahucios contabilizados por el Poder Judicial, el 38,5% derivó de ejecuciones hipotecarias, sin embargo, la mayoría -el 56,8%- se produjeron por la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por impagos de alquiler. Los datos no especifican cuántos de estos desahucios procedentes de alquiler son de viviendas y cuántos de locales comerciales, que suelen engrosar esta cifra.
Cataluña fue el territorio con más lanzamientos practicados, el 23,8% del total, seguido por la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).
Menos ejecuciones hipotecarias
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 (los expedientes abiertos durante el año pasado, pero en los que aún no se ha producido la orden final de desahucio), alcanzaron las 82.860, un 9,8% menos que el año anterior. Además, todos los trimestres del año presentaron descensos interanuales, que en el caso del último fue del 1,1%, hasta las 24.076 ejecuciones.
La cifra más elevada de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 se dio en Cataluña y Andalucía, con el 22,2% del total en ambos casos, seguidas de la Comunidad Valenciana (14%) y Madrid (10,3%).
Según el Poder Judicial, entre las posibles causas de este descenso de ejecuciones puede estar la Ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, así como la Ley de medidas de flexibilización y fomento del alquiler, que suprime la diligencia de lanzamiento cuando el demandado atiende al requerimiento de desalojo sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclama.
