Queda un año para las elecciones municipales y autonómicas. Los tiempos de Mariano Rajoy sólo los conoce él –a dos meses de las europeas aún no hay candidato del PP–. Pero eso no quiere decir que dentro del Partido Popular la partida por ser alcalde o presidente autonómico no se juegue cada día, y el derecho de manifestación ha entrado fuerte en las últimas horas.
Ignacio González está tocado. Ana Botella está tocada. Y Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre aparecen a los ojos de los militantes y votantes del PP como dos candidatas con posibilidades.
La dirección del partido recela de un González vetado en su día como presidente de Caja Madrid por Rajoy, con quien no tiene química, y cuyo Gobierno regional se ha convertido en un proyecto alternativo en materia de impuestos y política contra ETA: tanto Salvador Victoria, el portavoz, como Enrique Osorio, el consejero de Economía, no han dejado de criticar la política fiscal de Cristóbal Montoro, la financiación autonómica, la liberación de Bolinaga y la aplicación de la sentencia europea contra la doctrina Parot. Es decir: impuestos y ETA, dos pilares ideológicos del PP que muchos piensan están siendo traicionados por el Gobierno. "Son ellos los que se han movido, no nosotros", es un mantra repetido en el PP madrileño, el mismo que ha alumbrado el nuevo partido de Alejo Vidal-Quadras y Santiago Abascal: Vox. Además, González arrastra la imputación de su esposa, Lourdes Cavero, por el ático de Estepona; los fiascos de los proyectos de privatización sanitaria y de Eurovegas; y la situación crítica de Telemadrid.
El caso de Ana Botella es parecido al de González, pero, en este caso, cuenta con el comodín de su consorte. Desde que llegó al cargo hace dos años por la salida de Alberto Ruiz Gallardón al ministerio de Justicia, no ha dejado de perder popularidad: su gestión de la tragedia del Madrid Arena, con viaje a Portugal incluido 24 horas después de los hechos, minaron decisivamente su capacidad de liderazgo; como pasó después con una huelga de barrenderos mundialmente conocida y la decepción de la pérdida de los Juegos Olímpicos de 2020, relaxing cup mediante. "El problema es que si Botella no lo deja, es muy difícil que Mariano pueda echarla. Es la mujer de Aznar".
Aferrados a los cargos heredados, Botella y González se afanan por llegar en buenas condiciones a la primavera de 2015. Aunque para ello tengan que erosionar las aspiraciones de sus rivales internos. ¿Cifuentes ha expresado públicamente su deseo de competir? Al contrario que González, ella no se ha manifestado, pero todos saben que es uno de los referentes políticos más reconocidos por el electorado conservador en Madrid. Igual que Aguirre, quien a pesar de haber expresado públicamente su desinterés por volver a un cargo público, sus compañeros en el PP son conscientes de que estaría encantada de ocupar la alcaldía si se lo piden los militantes y, lógicamente, Rajoy. Trago amargo para Rajoy, pedir algo a Aguirre, pero sabe que la alcaldía puede perderse si no presenta a un candidato de garantías, y Botella no lo es.
En este panorama, Botella y González están apuntando a un flanco débil de Cifuentes: las manifestaciones. La imagen de la delegada del Gobierno es mala entre la izquierda por aparecer como la "jefa de la policía que reprime la protesta". Sin embargo, ella depende orgánicamente de Presidencia –es decir, es una persona elegida por Soraya Sáenz de Santamaría–, y no de Interior, aunque entre sus competencias estén las fuerzas policiales madrileñas. En efecto, ella manda a la policía, pero a ella no le manda Jorge Fernández Díaz, a quien han de rendir cuentas los mandos policiales, incluidos los madrileños. ¿Cómo se resuelve el galimatías? Pues mal, a la vista está: Fernández Díaz, antiabortista y combatiente contra el matrimionio igualitario, ve con muy malos ojos a Cifuentes, y este mismo jueves criticó el dispositivo policial del 22M, organizado por la propia Cifuentes. Botella y González recelan de ella como hipotética competidora; y una manifestación como la del 22M, que acabó con fuertes enfrentamientos y en la que se ha cuestionado la actuación policial, debilita a Cifuentes.
Este miércoles, el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, afirmó, señalando a Cifuentes en relación con la concentración de extrabajadores de Telemadrid en el Supremo: "Es un escrache judicial. No se puede permitir una manifestación que tiene como única finalidad presionar a los magistrados del Tribunal Supremo ante la deliberación de una sentencia que les afecta. Es un atentado a la independencia judicial, es una cuestión de orden público y no se debería haber autorizado". Y aprovechó para insistir en su vieja reivindicación: "Madrid es muy grande y empieza a ser sospechoso que todas las manifestaciones se concentren en Sol".
La Comunidad lleva desde febrero pidiendo que no haya protestas en Sol, donde además de ser el kilómetro cero, alberga la sede de la presidencia regional. A este iniciativa se ha sumado formalmente el Ayuntamiento de Madrid este jueves, cuando pidió formalmente que se restrinjan las manifestaciones en el centro hitórico y turístico de la capital. Cristina Cifuentes, quien en su día pidió modular el derecho a la manifestación, repite estos días lo mismo: que las manifestaciones se comunican, no se autorizan, y que ella sólo puede cambiar itinerarios por causas de fuerza mayor –concurrencia de más de una protesta a la misma hora y lugar, por ejemplo–.
