Dos miembros del patronato de la Fundación Caja de Burgos, Agapito Gómez y Paola Bol, denuncian que la entidad les oculta las retribuciones que perciben los empleados y les ha negado en varias ocasiones la relación de trabajadores y sus correspondientes salarios brutos. Los dos patronos están dispuestos a ir a los tribunales y han solicitado un acto de conciliación con la fundación para evitar el juicio. No obstante, solo cejarán en su empeño si la entidad aporta esa información.
La solicitud de los datos sobre los sueldos de los 182 trabajadores en manos de los que se ha quedado la obra social que antes desarrollaba la caja de ahorros de Burgos ha sido denegada en cinco o seis ocasiones, según explica a eldiario.es Agapito Gómez. La fundación defiende esta decisión basándose en el respeto a la "normativa aplicable" y, en concreto, "protección de datos" que afecta a "los datos personales solicitados". "Es una disculpa para justificar una acción a la que están obligados", añade. Gómez explica que "esta situación es como si una empresa un trabajador, por mucho que sea el director general, le niega cierta información al dueño". Además, se queja de que el presidente de la fundación no haya sometido a "votación" esa petición.
El organismo es el encargado de aprobar las cuentas anuales y los miembros que han solicitado la información de las nóminas pretenden utilizarlos para "trabajar" y en ningún caso para sacarlos a la luz. "Queremos relacionar la responsabilidad de cada trabajador con la compensación económica que recibe", explica Agapito Gómez. "El dinero con el que funciona la fundación viene del pueblo porque estamos viviendo de los ahorros de los burgaleses a partir de la rentabilidad de las inversiones que se hicieron con ese dinero", señala.
La fundación sostiene que "el patronato ya debatió el asunto de los salarios de los empleados y de los directivos el año pasado, habiendo adoptado los acuerdos correspondientes que se siguen aplicando en la actualidad". En un comunicado remitido a través de correo electrónico a esta redacción ante la solicitud de información, la entidad concluye que el patronato "dispone de la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, tal como prevén la ley y los estatutos de la entidad, por lo tanto está debidamente informado de éste y todos los demás aspectos relacionados con el gobierno".
Una cuarta parte del patronato de la fundación son dirigentes del Partido Popular, elegidos por el ayuntamiento que dirige Javier Lacalle y la Diputación de Burgos. Uno de los vicepresidentes es el jefe de prensa del consistorio, José Domarco. Otros tres de los 16 integrantes del patronato son miembros del PP. También hay dos representantes del PSOE, de los trabajadores, de impositores y usuarios, y de entidades de interés general, como el rector de la Universidad de Burgos, Alfonso Murillo Villar.
El director general percibe 209.215 euros anuales, el secretario general 118.280 euros y la responsable de la Obra Social 128.471 euros, según publicó El Confidencial. "Los salarios de los trabajadores de la antigua obra social parece ser que oscilan entre los 30.000 y 60.000 euros anuales", señaló en una rueda de prensa la patrona Paola Bol.
"Con el beneficio de los ahorros de la mayoría de los burgaleses no se deberían pagar sueldos tan escandalosos", recriminó Bol, para quien la negación del desglose de las partidas de las cuentas impide saber si los gastos de la fundación son los adecuados o deben reducirse". "¿No sería más lógica la completa transparencia en un asunto tan delicado? ¿No será que tratan de ocultar salarios muy altos considerando que se gestiona un presupuesto anual de 14 millones de euros?", se preguntó la patrona.
La fundación se creó para seguir adelante con la obra social cuando la caja de ahorros de Burgos pasó a formar parte de Caixabank. Según figura en su misión, está "dedicada a impulsar el desarrollo social y económico". La financiación de la entidad es privada: procede de los rendimientos de las inversiones financieras realizadas cuando la caja de ahorros estaba en marcha, del ingreso de las cuotas de socios y de las cuotas que pagan los participantes en actividades que desarrolla la entidad, según explica uno de los miembros del patronato.
Por otro lado, los dos miembros del patronato señalan la necesidad de invertir el dinero "procedente de los burgaleses" en asuntos más ajustados a los "fines sociales" de la fundación. "Queremos que se dedique el dinero en la medida de nuestras posibilidades a aminorar el hambre, en enseñar a los jóvenes para poder facilitarles un empleo y a cuidar a nuestros mayores", expresó Paola Bol que criticó que se asignaran fondos para ayudar a empresas y emprendedores que, a su juicio, son labores más propias de los bancos: "La asignación a familias necesitadas supone poco más de 100.000 euros al año, un 0,71% del presupuesto anual".
Dietas judicializadas
UPyD presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el Consejo de Administración de Caja Burgos por la concesión de créditos y el pago de dietas a sus miembros en el año 2010. La denuncia de la formación, que se ha admitido a trámite, señalaba que el 93% de los créditos concedidos a miembros del Consejo de Administración de Caja de Burgos, por un valor cercano a los 34 millones de euros, se otorgaron a su entonces presidente, José María Arribas.
La denuncia pretende esclarecer los términos en los que se otorgaron dichos créditos y las garantías que el expresidente presentó para sus concesiones así como si estaban autorizados por la Junta de Castilla y León, tal y como exige la Ley de Cajas.
El partido también denunció a la Comisión de Control de la entidad por la presunta percepción de dietas al margen de lo establecido en los propios estatutos a favor de expresidente de la caja, quien percibió en concepto de trabajos de organización, preparación y coordinación 61.056 euros entre febrero y junio de 2010.
Además, UPyD vinculó a las dietas extraestatutarias de la Comisión de Control al actual vicealcalde de Burgos, Ángel Ibáñez (24.280 euros); Emilio Jordán Manero (26.912 euros); y Ángel Calvo Rojo y Julio Roberto González Alonso (1.170 euros).
