En 2009, el sector naval daba trabajo en Vigo a 12.000 personas. Quedan apenas 3.000 en activo, y pendientes de lo que Bruselas decida sobre la devolución de casi 3.000 millones de euros correspondientes a bonificaciones fiscales europeas, el conocido como tax lease. “Empezamos la prórroga”, resume Ramón Sarmiento, representante comarcal de CCOO en Vigo, en referencia al último plazo para una orden de reintegro que se esperaba para este miércoles. Pero los tiempos añadidos no son el mejor compañero de viaje para un sector atenazado por la incertidumbre. “Hace muchos meses que no se firman nuevos contratos, ¿quién va a encargar obras que duran años a unos astilleros que tienen sobre su cabeza la espada de Damocles?”, se lamenta el sindicalista.
Entre 2005 y 2011, el tax lease se convirtió en un refugio de muchas grandes fortunas, que invertían en el sector naval a cambio de unos muy rentables beneficios fiscales. Hasta que hace ahora dos años Bruselas dijo basta, a raíz de una denuncia de Holanda. El sector, que ya languidecía, entró en barrena, pero la previsible devolución de esas ayudas supondrá directamente “la ruina”, advierte Manuel García, responsable del sindicato del metal de UGT en Galicia. La propia incertidumbre es una losa para un sector que se mueve por grandes inversiones, superiores en la mayoría de los casos a los 100 millones de euros, que requieren dos cosas: financiación y seguridad. En total, la devolución ascenderá a 2.800 millones de euros y afectará a astilleros del País Vasco, Asturias y, principalmente, Galicia. En concreto, de Vigo, donde se concentran el 65% de las inversiones financiadas con el tax lease.
Pese a las expectativas creadas, ayer el colegio de comisarios se limitó a conocer el borrador elaborado por el responsable de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea, el socialista Joaquín Almunia, convertido por el PP en la cabeza de turco. Se abre un período de consultas, y será en la reunión de la Comisión que presidirá Durao Barroso en julio, probablemente el día 17, cuando, salvo sorpresa, la devolución se haga efectiva. Quienes conocen el borrador, y entre ellos está el alcalde de Vigo, el también socialista Abel Caballero, saben que ese documento es desfavorable para los intereses de España. De ahí que Caballero insistiera en los últimos días en acusar a su compañero de partido de asestar “un golpe de mano” contra el naval vigués.
El eurodiputado del PSOE Antolín Sánchez Presedo trata de justificar a Almunia. “Hay que estudiar el borrador con detenimiento, la baza es que la devolución se hace recaer en los inversores y en los armadores, pero no en los astilleros”, razona. Para los sindicatos, la diferencia es nula. Por varias razones. Porque la mayoría de los contratos incluían garantías de los constructores, porque se quebraría la seguridad jurídica de las operaciones, porque la banca apretaría un poco más el grifo, porque quebrarían muchos clientes, que son los armadores... “La devolución de los 2.800 millones es una hipótesis sencillamente demoledora, pague quien pague”, replica Sarmiento.
La importancia de lo poco que queda del sector naval vigués, auténtica zona cero de los efectos de la retirada del tax lease, trasciende los 3.000 empleos activos que aún conserva. La escasa actividad que aún mantienen de los otrora pujantes astilleros se debe a contratos firmados hace uno o dos años o a sectores auxiliares que sobreviven gracias a la exportación. Los tres grandes, Barreras, Vulcano y Freire, están completamente parados. Toda la economía que generaba el naval, como los transportes especiales, empresas de verificación, la ingeniería industrial y técnica, se ha caído con ellos. Y cuando el sector fuera de España empieza a ofrecer síntomas de una incipiente recuperación, con la creciente demanda de buques del tipo de los que se fabrican en Galicia, la incertidumbre del tax lease mantiene al margen a los astilleros vigueses. “Imposible cuajar una operación en estas circunstancias”, constata Ramón Sarmiento.
“Se carga mucho las tintas en Almunia, pero la decisión la van a tomar 27 comisarios, y 20 de ellos son del Partido Popular Europeo”, advierte Manuel García. Es el mismo argumento que empleó este miércoles en el Parlamento gallego el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, frente a los ataques continuos del presidente de la Xunta al comisario europeo de Competencia. “Usted ocúpese de Almunia, que del Gobierno me ocupo yo”, le replicó Alberto Núñez Feijóo. En efecto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó el martes que la devolución sería “profundamente injusta” y “perjudicial” para los astilleros. Pero del éxito de las gestiones del ministerio, que Feijóo consideraba cruciales cuando aún gobernaba Zapatero, “no se conocen resultados”, lamenta el sindicalista de UGT.
