Los convocantes de las Marchas de la Dignidad serán sancionados por la Delegación del Gobierno de Madrid con fuertes multas que podrían alcanzar incluso los 600.000 euros. Los expedientes abiertos por el Departamento de Cristina Cifuentes contemplan la posibilidad de que la infracción cometida sea grave o muy grave, según la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992, informaron fuentes del mismo.
