Una vez más, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha topado con las comunidades autónomas y las universidades.
La agenda reformista del ministro no parece encontrar cabida en los programas de los Gobiernos regionales, incapaces, dicen, de seguir en sus territorios el ritmo legislativo del ministerio. Ya ocurrió con el desarrollo de los currículos. Este lunes sucedió otra vez con la reforma del acceso a la universidad, la avanzadilla incluida en la LOMCE de la nueva reordenación de la educación superior que quiere realizar el ministro y que incluye la supresión de la Selectividad.
Es más que probable que Wert escuche este jueves los mismos argumentos cuando se reúna con los rectores. Los responsables políticos de universidad de las Comunidades –que tienen las competencias en Educación– y los rectores piden a Wert que retrase el cambio en el sistema de acceso que se avanzaen el borrador que maneja Educación. El ministerio quiere empezar a implantar este año los cambios.
Luis Rodríguez, vicerrector de estudiantes de la Universidad de Oviedo, asegura en calidad de portavoz de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (Runae) de la Conferencia de Rectores que el modelo propuesto puede ser "injusto para los alumnos" y además no les da tiempo a prepararlo. Educación dice que contemplará el retraso, aunque el ministro cree que "no hay razones de peso" para un aplazamiento.
¿Cómo funciona ahora?
Los estudiantes con el título de Bachillerato General realizan una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la popular Selectividad. El estudiante obtiene una nota del resultado de ponderar su paso por el Bachillerato (60%) y la Selectividad (40%). Con esta media, el aspirante solicita por grado y centro por orden de preferencia. Y cada centro publica su 'nota de corte' para acceder a determinada carrera. La más alta es, desde 2011, el doble grado de Matemáticas-Física en la Universidad Complutense, con 13,04 puntos.
Para los grados con más demanda, quien quiera se puede presentar a pruebas específicas para subir la media hasta un máximo de cuatro puntos, por lo que la nota máxima con la que se puede solicitar acceso a la universidad es un 14.
Para los estudiantes que no vienen del sistema general y, por tanto, no hacen la Selectividad, como por ejemplo los de la FP o los extranjeros, su nota de inicio es la que conste en su expediente educativo. Pero como todos compiten por las mismas plazas (ya no se reservan cupos para ellos, pese a que el ministro Wert así lo afirmó el lunes), tienen la opción de presentarse a las pruebas específicas para subir esos mismos cuatro puntos si lo desean, aunque no es obligatorio.
¿En qué consiste el cambio?
La reforma suprime la Selectividad, que de alguna manera se verá sustituida por las pruebas de final de ciclo (las conocidas como reválidas). Esta prueba es la que dará el título y permitirá el acceso a la carrera. Pero además, y esta es la gran novedad, Educación permite a cada universidad desarrollar sistemas propios de admisión para alumnos, aunque no profundiza en cuáles ni en cómo.
El real decreto que se discute estos días otorga una "libertad limitada" a los centros, según Wert. El decreto –y el ministro– dicen que estas pruebas tendrán carácter excepcional, aunque se podrán testar "conocimientos y/o competencias". O sea, hacer otro examen después de la reválida. "Excepcional quiere decir que no es normal, que está justificada, etcétera", soltó Wert intentando aclarar la ambigüedad. Nada más dijo, nada más se especifica.
Para los alumnos generales estas pruebas son opcionales. Para los que provienen de la FP o los extranjeros, obligatorias. Pero no especifica cómo hacerlas.
¿Por qué se hace?
El cambio aparece en la LOMCE, que ya está vigente. Según el ministro Wert, además, la situación actual representa "una anomalía" en el panorama internacional, ya que no se da en otros países del entorno. Según Educación, normalmente los países tienen una prueba final que conlleva la titulación en la enseñanza secundaria postobligatoria, y a partir de ahí son las universidades las que pueden establecer unas pruebas específicas de acceso, tal y como recoge la reforma educativa española.
Es una verdad a medias. Algunos sistemas como los anglosajones sí lo hacen, en otros como el francés los alumnos se van inscribiendo en los centros desde antes de terminar el Bachillerato. En Alemania, por ejemplo, la inscripción es libre si el grado no tiene numerus clausus, y, si lo tiene, se tienen en cuenta el expediente y otros factores como el tiempo que se lleve esperando la plaza o criterios sociales.
Desde Runae, Luis Rodríguez cree que comparar no es correcto. "Exportar trozos de sistemas educativos no tiene mucho sentido. Los anglosajones hacen pruebas, sí. Pero cobran unas tasas 8 o 9 veces más caras, la financiación no tiene nada que ver...", argumenta.
¿Cuándo se empieza a aplicar este nuevo sistema?
Es uno de los temas controvertidos. Educación quiere implantarlo ya para el curso próximo para aquellos colectivos que acceden a la universidad sin pasar la Selectividad (o al menos no entera), como son los estudiantes que provienen de la FP y extranjeros. Para la inmensa mayoría de estudiantes que provienen del Bachillerato español normal, la medida queda aplazada hasta el curso 2017-2018.
¿Qué problemas plantean Comunidades y universidades?
El primero y más urgente es de tiempo. El real decreto se está tramitando aún. Los plazos políticos sugieren que podría no estar publicado en el BOE hasta verano. "Y tal y como está planteado, tenemos que desarrollar nuestra normativa propia después. Es prácticamente inviable", explica Rodríguez. Pero tiene que aplicarse ya este año para los de la FP y los extranjeros. Y las universidades necesitan matricular en verano. No tienen tiempo material, sostiene.
Además, es injusto para los estudiantes a los que se les aplica este año, añade Ángela Barrios, vicerrectora de Estudiantes de la UAM. "Están estudiando para las pruebas que existen este año, no saben que las reglas del juego cambian ahora", explica.
Con la visión más a largo plazo, las universidades y algunas comunidades autónomas plantean un problema de justicia y equidad. Si cada universidad diseña sus propias pruebas de acceso, "al final tendremos a los estudiantes peregrinando por las diferentes facultades haciendo pruebas de admisión", explica Rodríguez. "Es ineficiente y perjudica a los de menos recursos, que a lo mejor no pueden desplazarse, pagar las tasas de examen, etc. –precisa–. Es un sesgo de partida".
Otra reclamación viene por la política de hechos consumados que está aplicando Educación. "Ha habido reuniones periódicas con el ministerio, pero el espíritu es el mismo. No se negocia, son reuniones informativas cuando ya está todo trabajado", especifica Ángela Barrios.
¿Qué proponen?
Para empezar, que el nuevo sistema no se aplique este año a ningún colectivo. Si no, explica Rodríguez, la mayoría de las universidades tienen un preacuerdo para mantener la parte específica de la Selectividad para los extranjeros y la FP mientras dure la prueba, otros tres años. Y después las universidades se plantean reconocerse mutuamente las pruebas que diseñen para evitar a los estudiantes el peregrinaje temido.
A largo plazo, que se regule más. Desde CCOO consideran que ésta es la "regulación de la desregulación". En opinión de Julio Serrano, secretario de Universidad de la Federación de Enseñanza, "se deberían establecer procedimientos homogéneos de admisión". Rodríguez va en la misma línea: "Que limite la capacidad (de selección), como mucho, a grados muy concretos que no se examinan en la prueba final de Bachillerato, como los de Educación Física o traducción de idiomas, no repetir prueba tras prueba".
Algunas Comunidades como Cataluña, además del recurso que han presentado contra la LOMCE en su totalidad por invasión de competencias, ya han anunciado que, si el proyecto de cambio sale adelante, diseñarán una prueba conjunta para todas sus universidades.
