El 19 de agosto de 2013 Galicia vivía una de las peores oleadas de incendios del verano. Vilamarín, Quiroga o Cualedro eran algunos de los puntos más preocupantes de un escenario en el que el territorio gallego padeció unos 150 incendios en menos de cuatro días. Tres días más tarde, el 22 de agosto, la mayor preocupación se trasladaba a la ciudad de Ourense, donde los incendiarios aprovechaban la combinación de más de 30 grados, viento de más de 30 kilómetros por hora y menos del 30% de humedad para prender fuego en las parroquias de Velle y Cudeiro y provocar una alerta de nivel 1. En esas dos duras jornadas de incendios, el departamento responsable de gestionarlos, la Consellería de Medio Rural, firmaba sustanciosas aportaciones económicas con las principales empresas editoras de diarios impresos del país y con la CRTVG.
El departamento que dirige Rosa Quintana acaba de publicar, en virtud de los deberes instaurados por la Ley de transparencia de 2006, los convenios suscritos en el segundo cuatrimestre del pasado año: en esa relación, trámites como la constitución de las brigadas municipales contra incendios comparten espacio con catorce acuerdos con los medios, cuyo importe total alcanza los 869.000 euros. El día 19 de agosto, la Consellería firmó ocho de estos acuerdos con el objetivo oficial de "promover campañas informativas de concienciación y sensibilización social contra los incendios forestales" y el 22, los seis restantes, en este caso "para promover campañas informativas de publicidad y comunicación institucional".
La suma de ambos repartos deja como empresa más beneficiada a la Corporación Voz de Galicia, a la que le correspondieron 298.000 euros en el reparto. La siguen Faro de Vigo, con 165.000 euros, y el grupo El Progreso, que entre su matriz lucense y su filial pontevedresa llegó a los 140.000 euros. Las empresas que editan La Región de Ourense y Atlántico Diario, del mismo grupo, ingresaron 100.000 euros; y la Editorial Compostela, propietaria de El Correo Gallego, hizo lo propio con 90.000. En este caso el reparto incluyó también a los medios públicos, a los que Medio Rural les aportó 50.000 euros en un reparto que cierra La Capital, editora de El Ideal Gallego, con 26.000 euros.
Para justificar este reparto discrecional de ayudas, Medio Rural apela al artículo 3 de la Ley de publicidad institucional del Estado, que, aprobada en tiempos de Zapatero, fija las condiciones para "promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación", las cuales, según el texto legal, "se desarrollarán exclusivamente cuando concurran razones de interés público" y responderán a los principios de "interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto".
Reparto de los fondos de Medio Rural
Esta es una de las primeras ocasiones en las que un departamento de la Xunta presenta sus convenios con los medios como publicidad institucional y no como una vía para la "difusión" de la actividad de la consellería correspondiente, como suele ocurrir. No obstante, el hecho de que no se trate de una campaña publicitaria concreta y de que el reparto beneficie solo a los medios que el Gobierno decide deriva en el resultado habitual, esto es, en la presentación de contenidos gubernamentales bajo la apariencia de información, algo criticado reiteradamente por los colectivos profesionales del periodismo. Mientras, sigue sin saberse nada de la ley de publicidad institucional, que Feijóo viene prometiendo desde que llegó al Gobierno en 2009.
