La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió este miércoles la puerta a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha limitado la acción de la justicia universal. El Ministerio Público ha presentado un escrito de reforma ante el juez Santiago Pedraz porque considera que se ha extralimitado al "inaplicar" la ley cuando debe ser la Sala de lo Penal quien debe pronunciarse.
"No solo constituye una clara extralimitación competencial, sino que además cercena de plano cualquier posibilidad, tanto a la representación procesal de la víctima como al Ministerio Público, de promover e instar del tribunal competente (Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad", dice el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza.
La reforma ‘exprés’ aprobada por el Gobierno puede “suponer una vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicción consagrados por el artículo 24 de la Constitución, y del principio de la independencia judicial”, añade el Ministerio Público.
Pedraz dictó un auto en el que rechazaba aplicar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el caso de la muerte del cámara José Couso en Irak. El magistrado alega que España suscribió la IV Convención de Ginebra sobre la obligación de investigar crímenes cometidos contra civiles en el contexto de conflictos armados y que, por tanto, el convenio internacional prevalece sobre la reforma de la ley española.
Falta de competencia
La Fiscalía de la Audiencia Nacional concluye que la resolución de Pedraz “no se ajusta a derecho por falta de competencia funcional” del instructor para dictarla. “Vulnera palmariamente las normas de competencia funcional y sustrae a su superior jerárquico, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el conocimiento de una cuestión para la que tiene asignada legalmente y de forma excluyente la competencia”, añade.
Esta misma mañana, el juez Fernando Andreu dictó una providencia en el que da un plazo de diez días para que la Fiscalía y las partes personadas en las causas que instruye por crímenes de guerra cometidos en Ruanda e Irak que se pronuncien “sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad o sobre el fondo de esta”.
