España es uno de los escenarios europeos donde más se siente esto que llaman crisis. La tendencia a la precariedad y la explotación, el recorte de los derechos laborales, hacen de este país un lugar idóneo para transformarse en la China de Europa, como recientemente apuntaba un banco de inversión francés.
De hecho, mientras los salarios de los trabajadores siguen bajando, mientras un 21,8% de la población está por debajo del umbral de riesgo de pobreza, las empresas del IBEX 35 han obtenido más beneficios que el año anterior, el patrimonio en bolsa de los más ricos ha crecido en 7.000 millones de euros en el último año y algunas de sus sicav -empresas que tributan al 1%- han aumentado hasta un 50%.
Aún así, parece que algunos no se sienten aún satisfechos: El FMI ha vuelto a pedir a España más reforma laboral -es decir, recortes- reducir la deuda, mermar el coste del despido para los contratos indefinidos o apostar por un “sistema optativo para la negociación colectiva”. Por su parte, el banco centra alemán ha vuelto a presionar los sueldos españoles y considera insuficiente la reducción de los costes laborales.
Las decisiones no se toman por consenso. Alemania impone políticas a España, mientras el parlamento español no tiene nada que decir sobre las de Alemania. Esto no lo digo yo. Lo denunciaba hace seis días el magnate estadounidense George Soros. La cita es literal.
Algunas de las personas más afectadas por este crecimiento de la desigualdad protagonizan estos días las Marchas de la Dignidad, una iniciativa impulsada contra los recortes y el pago de la deuda, para reivindicar una vida digna y una renta básica frente a la precariedad y el paro.
Son miles, conforman seis grandes columnas y llevan días caminando hacia Madrid, donde el próximo sábado 22 se unirán para participar en una manifestación convocada con los lemas “No al pago de la deuda”, “Ni un recorte más”, y “Pan, trabajo y techo”, a la que se sumarán diversos colectivos, incluidas diversas organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes.
Uno de los participantes en las marchas es José Coy, activista e integrante del Frente Cívico, a quien conozco desde hace algún tiempo, debido a sus vínculos con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (él mismo luchó contra su propio desahucio y protagonizó dos huelgas de hambre).
“¿Que quiénes somos?”, me dice Coy por teléfono, desde un lugar de Extremadura por donde avanza una de las marchas, con un mar de voces de fondo.
“Somos gente normal y corriente, desempleados, gente muy tocada, muy afectada por la crisis. Mientras caminamos día a día a pie te encuentras con uno que te cuenta que no puede pagar la luz o el agua, con otro que tiene el frigorífico vacío, con mucha gente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. No somos liberados ni gente de aparato, sino personas que en muchos casos salimos adelante solo gracias al apoyo familiar”, explica.
“Estamos construyendo algo unitario, de base, transversal y con continuidad. Es duro estar lejos de la familia, cuando terminemos esto volveremos a nuestra realidad, y esa realidad es que estás parado, en una situación muy precaria. Pero confiamos en que el 22 sea el inicio de un periodo de lucha potente, de momento habrá actividades hasta el día 25. Este país necesita una revuelta social. Esperamos que el Gobierno nos deje manifestarnos tranquilamente, porque nosotros somos desobedientes, pero pacíficos”, agrega.
Las Marchas de la Dignidad defienden una causa a la que nadie en su sano juicio puede oponerse: el derecho de todos a tener una vida digna, vivienda, comida y empleo, tal y como establece la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Reivindican la necesidad de detener los recortes y de establecer otras políticas en las que la prioridad sea la gente, por delante de términos tan ambiguos y engañosos como “competitividad”, “crecimiento” (¿de quién?), “austeridad” o “reducción del déficit”.
Y son ya una prueba más de que la movilización conduce a la dignidad, mientras que la resignación solo lleva a la parálisis.
