El exjuez Baltasar Garzón ha cargado este martes contra la reforma de la justicia universal que el PP ha aprobado con la oposición de todo el Congreso y se ha preguntado "quiénes son los diputados del PP para usurpar el papel de los jueces". El primer movimiento desde la entrada en vigor de la reforma ha sido la negativa del juez Santiago Pedraz a archivar el caso Couso. Este martes, Garzón ha augurado que el fiscal recurrirá la decisión del juez.
Durante un seminario sobre justicia universal en el Congreso organizado por Izquierda Plural, Manuel Ollé, de la Asociación Pro derechos Humanos, ha explicado la pregunta de Garzón como una "injerencia del legislativo" contraria al código penal, la Constitución y al derecho internacional. Gaspar Llamazares, el moderador, ha hablado de "derogación sumarísima" tramitada a la velocidad de "meteorito" y ha acusado al PP de "priorizar los negocios sobre los derechos".
El exmagistrado ha llamado a los jueces a rebelarse contra esta reforma y ha dicho que tienen "la obligación de no aplicarla porque es contraria a la Carta Magna". Igual opina Ollé, que cree que la decisión de Pedraz "es extrapolable a todos los casos" similares. Según Garzón, la "única opción" posible que tienen los jueces es mantener abiertas las causas hasta que se decida si hay o no sobreseimiento y el Tribunal Supremo dicte si las investigaciones deben continuar.
"Perversa", "arbitraria" y "aberrante" son tres de los adjetivos con los que Garzón califica una reforma que supone "una de las mayores agresiones a las víctimas" desde las primeras líneas del preámbulo. El exjuez dice no haber visto en su vida "mentira mayor y más burda" porque afirma la necesidad de respetar el derecho internacional mientras que después desarrolla los requisitos para no hacerlo: "Viola los convenios sobre genocidio, tortura y desapariciones forzosas, la Convención de Ginebra y muchas otras más porque se lía de tal manera que va a provocar problemas graves".
En su opinión, el efecto buscado por el Gobierno español para ahorrarse conflictos diplomáticos puede provocar que otros países europeos denuncien la iniciativa española porque legislan en sentido contrario para impedir la impunidad y no tolerarán el incumplimiento de los convenios. A la vez, se ha mostrado optimista con que las víctimas que no se rindan podrán llegar con sus denuncias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"Todos hemos visto por qué se ha llevado adelante esta reforma exprés y se llama investigación del caso Tibet y China, además de otros aspectos que influyen como Guantánamo y Estados Unidos, y que deberían tener solución por otros cauces", ha apuntado el exjuez de la Audiencia Nacional.Ollé
Garzón ha negado que su intención sea volver a la política de nuevo: "No es el momento y hay personas absolutamente cualificadas para desarrollar esa labor; lo importante es que quien lo sea lo haga bien y cumpla con los ciudadanos". Como ejemplo de esa actitud, ha señalado a Llamazares.
