España necesita una urgente reforma fiscal. No es ideología, son matemáticas básicas: el sector público recauda un 36,4% del PIB y gasta un 42,9%; y con una deuda cercana al 100% es imposible mantener esta situación. No es que el gasto público se haya disparado o sea disparatado, como insisten aquellos que preferirían reducir al mínimo el Estado del bienestar: la media europea es del 49,1%, seis puntos más. El auténtico problema es que ingresamos muy poco, casi nueve puntos menos que los países de nuestro entorno, que están en el 45% del PIB.
El problema no es ideológico, está ahí se mire como se mire. Pero su solución sí lo es: no es lo mismo recortar gastos que aumentar ingresos, y tampoco la manera de subir impuestos es neutral. Por eso es tan importante el informe de los expertos.
Conviene no cerrarse en banda a todas las cosas que proponen, porque en algunas tienen razón. Hay que desterrar la maraña de deducciones en el impuesto de sociedades y se merece un aplauso la propuesta de ese impuesto antiparaísos fiscales que evitaría la deslocalización de los beneficios. Hay que eliminar el sistema de módulos para los autónomos, un arcaico modelo que muchas veces se usa para defraudar. Hay que desarrollar los impuestos medioambientales, prácticamente inexistentes y que no solo sirven para recaudar más, sino también para penalizar a quien deteriora el planeta de todos. Y hay que aumentar el mínimo exento en el IRPF y reducir deducciones regresivas, como las inversiones en planes de pensiones privados.
Sin embargo, la reforma que proponen es ideológica y está sesgada a la derecha, lo que no sorprende mucho teniendo en cuenta la selección de unos expertos donde son mayoría quienes han colaborado con la FAES. Parte de una base engañosa, que es asumir como principio que el único modelo fiscal posible para España es aquel que recaudará un 37% del PIB. También es irrealizable, porque se apoya en reformas que no dependen del Gobierno central, sino de las autonomías y los ayuntamientos. Cae en algunos sinsentidos, como aumentar el IVA a los alimentos básicos, pero no a los restaurantes de lujo o al ladrillo. Y lo más importante: es tramposa por parte del Ejecutivo, porque no tiene intención alguna de aplicarla tal cual y solo la utilizará para justificar las medidas más impopulares.
